Lo que no se nombra, no existe: la importancia del lenguaje incluyente
Por Isabel Mendoza
Playas de Rosarito, 28 de abril de 2026.- Para la Mtra. Ixchelt Guadalupe Barboza Romero, Secretaria Ejecutiva de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California (CEDHBC), el lenguaje no es solo una herramienta de comunicación, sino un sistema vivo que puede incluir o borrar realidades. Durante su reciente intervención en Playas de Rosarito, la especialista compartió una visión profunda sobre cómo las palabras que elegimos hoy definen el acceso a los derechos de mañana.
Según expuso Barboza Romero, existe un fenómeno lingüístico denominado “salto semántico”. La Secretaria Ejecutiva detalló que esto ocurre cuando se utiliza el masculino con una supuesta intención de generalizar, pero que en la práctica termina invisibilizando a las mujeres. Para ilustrarlo, recordó ante el personal público casos históricos donde el uso del término “ciudadanos” en las leyes fue utilizado como argumento legal para negar derechos a mujeres, mencionando específicamente la lucha de la activista mexicana Ermila Galindo.
La esencia de la información compartida por la funcionaria de la CEDHBC radica en la sustitución de términos excluyentes por sustantivos colectivos que permitan una comunicación más profesional. Barboza Romero propuso sustituir “los niños” por la niñez o la infancia, cambiar “los ciudadanos” por la ciudadanía, utilizar la población en lugar de “los habitantes”, referirse a la descendencia en vez de “los hijos” y hablar de la humanidad en lugar de “los hombres”.
De acuerdo con la experta, el lenguaje incluyente no tiene por qué ser repetitivo. Ella propuso utilizar términos que engloben a los grupos de trabajo y sectores sociales de manera orgánica: sugirió usar el personal en lugar de “los trabajadores”, el profesorado o personal docente en vez de “profesores”, así como el electorado y la juventud para referirse a los votantes y a los jóvenes, respectivamente.
Ixchelt Guadalupe Barboza Romero concluyó su exposición subrayando que, tras la reforma constitucional de 2011, todas las personas servidoras públicas están obligadas a actuar bajo un marco de derechos humanos. Bajo esta lógica, el lenguaje incluyente es una obligación que garantiza que ninguna identidad quede fuera de las políticas públicas. Para la Secretaria Ejecutiva, nombrar correctamente a cada sector de la sociedad es el primer paso para garantizar una ciudadanía plena en Baja California.
