Por Isabel Mendoza
Playas de Rosarito, 21 de mayo de 2026.- El Patronato DIF de Playas de Rosarito anunció la próxima instalación de un sistema de base de datos diseñado para proteger a niñas, niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad extrema. El proyecto surge ante la falta de registros oficiales específicos, a nivel municipal, estatal y federal, sobre menores en condición de orfandad por feminicidio o víctimas de trata.
La carencia de estadísticas precisas en los tres órdenes de gobierno ha dificultado el seguimiento y la protección efectiva de los menores de edad en la Zona Costa de Baja California. De acuerdo con las autoridades locales, dependencias oficiales de estadística no cuentan con datos desagregados sobre las infancias que pierden a sus cuidadores bajo entornos de violencia de género o que se encuentran desprotegidos jurídicamente durante los procesos penales de sus progenitores.
Ante este panorama, Aziel E. Adame, presidenta del Patronato DIF Rosarito, explicó la urgencia de construir una herramienta propia para el municipio:
“Nosotros hemos estado buscando bases de datos que precisamente respalden esos puntos, tanto el tema de trata de personas, menores en orfandad, por casos de feminicidio, incluso el tema de la patria potestad que normalmente es el papá, digo, estadísticamente es uno de los dos progenitores, quienes cometen el delito y cuidar precisamente el tema de la patria potestad para la protección del menor durante el proceso. A mí me gustaría comentarles que estamos trabajando en un sistema, no hay una base de datos concreta, ni siquiera Inegi tiene un dato específico de ello en el acercamiento que tuvimos de la entrega de su informe de 2024, hicimos precisamente estas preguntas, no hay una data específica ni del Estado, ni del municipio de Playas de Rosarito”.
La estrategia gubernamental contempla no solo la creación de la plataforma técnica, sino también su blindaje legal para garantizar la continuidad del esfuerzo institucional a largo plazo. Las mesas de trabajo técnico pretenden unificar los criterios de búsqueda y registro de los casos detectados en delegaciones como Primo Tapia, Plan Libertador y la Zona Centro.
Para asegurar que las siguientes gestiones municipales den seguimiento a este padrón, el organismo prevé integrar la disposición dentro del marco normativo local.
“Entonces, en la instalación que vamos a hacer próximamente para base de datos de protección de niñas, niñas y adolescentes, va a ser uno de los puntos que vamos a abordar, incluso para subirlo a reglamento, para que el mismo trascienda administraciones, que es lo que nos interesa, nos interesa que quienes continúen el trabajo que estamos plasmando ahorita, pues tengan la información para hacerlo”, detalló Adame.
La iniciativa también abarca medidas preventivas en los trámites de identidad jurídica. Durante el último año, se coordinaron esfuerzos con el Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna) y el Registro Civil para detectar posibles irregularidades en las jornadas de registro de nacimiento, un punto crítico donde se pueden detectar dinámicas delictivas asociadas al tráfico de infantes.
“Durante el año pasado estuvimos trabajando de la mano con Simpina y con este registro civil para el tema de la campana, precisamente del registro de menores, la propuesta era precisamente eso que se llevara de la mano con la prevención de trata de personas, ya que estaríamos nosotros planchando un terreno para las personas que quisieran registrar a un niño que no fuera suyo. Sabemos que faltan instrumentos, sabemos que estamos limitados en ciertos puntos, pero tuvimos una reunión muy importante, considero yo entre DIF municipal, sin pina y el registro civil para pulir precisamente ese proceso, y hacer el trabajo que nos corresponde para la prevención de trata en la campaña 2025, 2026. Entonces, pues seguimos trabajando”.
La administración local enfocará sus esfuerzos en el diseño conceptual del reglamento que dará soporte legal a la base de datos. Asimismo, se mantendrán las mesas operativas entre el DIF municipal, Sipinna y el Registro Civil para aplicar los criterios de control aprobados para el periodo 2025-2026, buscando consolidar un esquema de protección vigente y blindado ante los cambios de gobierno en Playas de Rosarito.

