Tijuana, Baja California, 12 de mayo de 2026.- Ismael Burgueño, presidente municipal de Tijuana, reiteró su compromiso con el respeto absoluto a los derechos fundamentales al abordar el programa de rescate de personas en situación de calle. Ante la posibilidad de que grupos colaboradores realicen las denominadas “terapias de conversión”, el edil aclaró que su gobierno no permitirá que el recurso público sea utilizado en prácticas que la ley estatal ya tipifica como delictivas.
Respuesta institucional a la controversia
El tema cobró relevancia por la denuncia del Comité de Orgullo LGBT de Mexicali contra un grupo de rescate con el que se había planteado una colaboración institucional. Burgueño señaló que el proceso judicial contra dicha organización debe seguir su curso, pero dejó claro que la prioridad del Ayuntamiento de Tijuana es la protección de los ciudadanos en situación de vulnerabilidad bajo un enfoque humanista.
Rehabilitación centrada en la esencia humana
Para el alcalde, el derecho a la salud y a la reintegración familiar es universal. En sus declaraciones, destacó que las becas de rehabilitación otorgadas por su administración están destinadas a apoyar al “ser humano como tal”, promoviendo una visión inclusiva que trasciende condiciones particulares de género o identidad, enfocándose únicamente en la recuperación de adicciones.
“En las becas, son precisamente apoyadas al ser humano y tiene derecho a esa oportunidad de hacer su vida y de ver a su familia”, puntualizó Burgueño.
Compromiso con la legalidad y el respeto
El Ayuntamiento se comprometió a abrir espacios de diálogo para fortalecer la vigilancia en los centros de tratamiento. El mandatario municipal indicó que se garantizará que cualquier actor externo que participe en el plan de rescate de 300 ciudadanos respete los marcos legales de Baja California, los cuales prohíben tratos degradantes y terapias de esfuerzos para corregir la orientación sexual (ECOSIG).
Supervisión y próximos pasos
El plan de rescate será sometido a una revisión de estándares de salud pública y derechos humanos. Con esto, la administración de Ismael Burgueño busca blindar la integridad de los beneficiarios y asegurar que Tijuana sea un espacio de respeto a la diversidad, donde la reinserción social se logre mediante métodos científicos y humanitarios aprobados por la ley.

