Transporte Violeta supera los 10 millones de viajes en BC
Mexicali, Baja California, 9 de mayo de 2026.- La administración estatal, encabezada por la gobernadora Marina del Pilar Avila Olmeda, consolidó una estrategia de bienestar que beneficia actualmente a más de 100 mil madres autónomas en Baja California. A través de una reforma legal, la denominada Tarjeta Violeta ha sido elevada a rango constitucional, una medida que busca blindar este derecho y asegurar que las jefas de familia cuenten con recursos económicos permanentes para el sostenimiento y educación de sus hijos.
Certeza jurídica para jefas de familia
La elevación a rango constitucional de estos apoyos responde al objetivo de garantizar la igualdad sustantiva y el derecho a una vida libre de violencia. La mandataria estatal señaló que este respaldo no es solo asistencial, sino un mecanismo de autonomía: “Detrás de cada programa existe el compromiso de acompañar a las mujeres que diariamente sostienen a sus familias”, afirmó Avila Olmeda al destacar que muchas de las beneficiarias alternan el trabajo con los estudios.
Fortalecimiento institucional
Como parte de esta reestructuración, se concretó la creación de la Secretaría de las Mujeres, una dependencia especializada que ahora centraliza la atención y el acompañamiento. Esta instancia trabaja de la mano con los Centros de Justicia para las Mujeres (CEJUM) operando en Tijuana, Mexicali y San Quintín, donde se han brindado más de 172 mil servicios integrales que incluyen desde asesoría jurídica hasta talleres de capacitación para el empleo.
Impacto en la movilidad y economía
Un componente clave de esta política pública es el Transporte Violeta, un servicio gratuito que ya supera los 10.9 millones de abordajes en cinco municipios del estado. Este sistema permite que mujeres y niños menores de 12 años se trasladen de forma segura y sin costo, aliviando la carga económica de los hogares. Con estas reformas, el Gobierno del Estado proyecta que los programas de apoyo se mantengan como una política de largo plazo, independientemente de los cambios de administración, asegurando un piso mínimo de bienestar para las familias bajacalifornianas.
