Ecos del primero de mayo: Reflexiones pedagógicas en marcha || La noche de los Nahuales
Por Benjamín M. Ramírez
Las demandas de los participantes en la pasada conmemoración del Primero de Mayo no fueron homogéneas, pero sí coincidieron en lo esencial: salarios dignos, transparencia en el pago de nómina y mejores condiciones laborales. No se trató de consignas aisladas, sino de exigencias reiteradas que, año con año, siguen sin resolverse.
Mientras avanzaba con el contingente del Sindicato de Profesores del Colegio de Bachilleres del Estado de Baja California (SPCOBACH), una imagen rompió la inercia del discurso colectivo: un vendedor de helados abriéndose paso entre los asistentes. Entonces surgió la pregunta incómoda: ¿quién defiende a quienes viven al margen de toda estructura sindical?, ¿cuáles son sus condiciones laborales?, ¿qué tipo de seguridad social poseen? Preguntas que exhiben una verdad evidente: hay trabajadores para quienes ni siquiera existe la posibilidad de exigir.
El SPCOBACH, sin embargo, mostró músculo. Más de 850 asistentes —cerca del 80 % de su base— respaldaron de forma clara y organizada a su dirigencia. No fue una presencia simbólica: fue una demostración de cohesión interna y de capacidad de movilización.
Sus demandas no son menores. Apuntan al corazón de un sistema educativo que opera, con demasiada frecuencia, bajo la lógica de la improvisación:
1.- No se puede seguir trabajando sin planeación.
2.- La capacitación debe traducirse en beneficios económicos reales.
3.- Ser directivo no implica renunciar a derechos sindicales.
4.- Ningún docente debe perder prestaciones por asumir mayores responsabilidades.
5.- Todo descuento debe ser transparente y justificado.
6.- Las promociones no pueden quedar atrapadas en la burocracia.
7.- La seguridad y la justicia para el docente deben ser una garantía, no una promesa.
8.- Defender la educación implica respetar a quienes la sostienen.
El contexto no es menor. El propio secretario general del SPCOBACH, el doctor Eric Garibo Cárdenas, ha advertido sobre amenazas directas contra docentes: mensajes intimidatorios, ataques en redes sociales y daños a sus domicilios. No se trata de hechos aislados, sino de síntomas de una violencia que ha alcanzado también al ámbito educativo.
Frente a ello, el sindicato ha anunciado acciones de prevención; sin embargo, la pregunta de fondo permanece: ¿es suficiente la reacción institucional ante un problema que ya ha escalado? Como lo señala el propio comunicado del SPCOBACH: “La educación no se sostiene sola. Se sostiene con maestras y maestros que merecen seguridad, respeto y justicia”.
Al cierre de la marcha, el mensaje fue claro: la movilización no es producto del azar. Es organización, es hartazgo y es convicción. La base magisterial no se mueve por inercia; se mueve porque ha dejado de encontrar respuestas.
El esfuerzo logístico de los participantes lo confirma. Docentes que salieron de madrugada desde distintos puntos del estado, algunos desde San Quintín en plena madrugada, para concentrarse en Mexicali. No fue una marcha cómoda: fue una movilización construida a partir del compromiso.
Pero el problema rebasa lo local. A nivel nacional, la presión de la CNTE anticipa un escenario de tensión: la amenaza de paralizar actividades —EL BALÓN NO RUEDA— como mecanismo de presión revela el grado de desgaste en la relación entre el magisterio y el gobierno. Y, aun así, todo apunta a que la respuesta institucional seguirá siendo insuficiente.
En este contexto, lo que ocurre en Veracruz con la Universidad Popular Autónoma de Veracruz resulta particularmente alarmante. Bajo las llamadas “nuevas condiciones”, se pretende formalizar una relación laboral que raya en la simulación: contratos de prestación de servicios para funciones claramente subordinadas, requisitos propios de servidores públicos sin otorgarles ese carácter, y remuneraciones que no resisten el menor análisis de dignidad laboral.
La pregunta no es retórica, es estructural: ¿cómo se puede exigir profesionalismo bajo condiciones que niegan derechos básicos?
Más grave aún: ¿cómo se justifica un pago de 50 pesos por hora, sin prestaciones, con retrasos que en algunos casos superan el año? Eso no es precarización: es despojo institucionalizado.
Lo ocurrido no es un caso aislado, sino un reflejo de un modelo que ha normalizado la vulnerabilidad del docente.
Y, sin embargo, la respuesta sigue ahí, en las calles, en las marchas, en la insistencia.
Porque, al final, la consigna no es solo una frase:
“El maestro luchando también está educando”.
