Por Isabel Mendoza
Playas de Rosarito, 24 de marzo de 2026.- La alcaldesa de Playas de Rosarito, Rocío Adame, declaró que, durante años, las concesiones de agua en la región operaron bajo un esquema de lucro privado bajo el disfraz de permisos agrícolas. Al respaldar la política federal actual, la funcionaria sostuvo que el agua ha sido recuperada para el pueblo mexicano, eliminando los excedentes que se comercializaban ilegalmente entre particulares.
La mandataria local destacó que lo que hoy se vive es un cambio histórico para los municipios de Baja California. “Nada más los que son concesionarios o había tenido las concesiones únicamente va a tenerlo si verdaderamente se dedican a la agricultura o a producir algún bien alimenticio o alimentario para el bien de todo el pueblo mexicano”, explicó. De esta forma, se busca que el recurso hídrico cumpla con su función social y alimentaria.
Adame, fue crítica respecto a cómo se gestionaba anteriormente el recurso, señalando que existía un excedente que era utilizado con fines económicos. “Sabemos que los organismos siempre eran los más beneficiados… las concesiones del agua o sedon se supone eran para personas que se dedican a la agricultura, pero sabíamos muy claro que no lo hacían. Entonces se volvió un negocio el tema del agua”, puntualizó.
Señaló que, este lucro afectaba el presupuesto estatal, que destinaba hasta 100 millones de pesos a intermediarios.
Con la eliminación de estos pagos a entes privados, los municipios podrán ver mejoras tangibles en sus servicios. “Ese dinero va a venir en obra hídrica. Ya el estado ya no lo va a pagar a esos organismos del agua y viene un mayor beneficio para los municipios”, aseguró. La alcaldesa concluyó señalando que esta fue una lucha importante donde los propios usuarios han reconocido las faltas del pasado: “muchos aceptaron que muchas de estas concesiones no las utilizaban para la agricultura, sino para poder venderlas a particulares o beneficios de ellos mismos”.
La administración municipal se enfocará en coordinar con la federación para asegurar que el agua sea distribuida con un sentido de justicia social, eliminando cualquier rastro de comercialización privada del recurso público.
