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Sindicatura de Tijuana, combatió el rezago histórico de denuncias

Tijuana, BC., 18 de octubre de 2022.- Los desafíos que enfrenta el municipio fronterizo de Tijuana son varios y muchos de estos están pendientes, por lo que, en la búsqueda de salvaguardar la legalidad, honradez y eficiencia del servicio público, la Sindicatura ha puesto bajo la lupa el actuar de las autoridades, afirmo el Síndico procurador, Rafael Leyva Pérez.

A un año del comienzo de actividades, el órgano ya prepara su primer informe de actividades donde, donde a decir del propio Síndico procurador, enfrentaron un rezago de miles de denuncias, heredado de administraciones pasadas.

En materia de la Dirección de Investigación y determinación, encontraron un pendiente de poco más de 3 mil denuncias entregadas por la pasada administración y, para combatir el atraso, se necesitó hacer uso del personal jurídico de todas las áreas con la finalidad de garantizar la respuesta que esperaban los denunciantes.

De acuerdo a un reporte de la Sindicatura Procuradora, el 100 por ciento de las denuncias recibidas desde el año 2018 fueron atendidas, por lo que ya no existe, ese rezago histórico; no hay denuncias pendientes por atender.

Contra servidores públicos deficientes.

En materia de seguridad, y como parte de las acciones de atender las denuncias ciudadanas, el órgano vigilante atendió durante su primer año de actividades, más de 200 denuncias contra policías municipales de Tijuana y de estas, dieron como resultado la suspensión de 10 elementos de la corporación, por ser presuntamente responsables en diferentes hechos violentos que vulneraron la integridad de los ciudadanos.

Rafael Leyva Pérez señaló que estos policías fueron suspendidos y ya no se encuentran en las calles realizando labores de vigilancia o patrullaje, con la finalidad de salvaguardar la integridad de la ciudadanía.

Además, se emitieron 153 resoluciones que, con sanciones a servidores públicos y en algunos casos suspensiones, se fincaron las responsabilidades correspondientes por el mal actuar de estos servidores que tienen como objetivo velar por los intereses de la ciudadanía.

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