Playas de Rosarito, Baja California, 9 de agosto de 2026.- La protección de las niñas, niños y adolescentes en las comunidades rosaritenses tomó un giro decisivo tras la instalación del primer consejo municipal en México enfocado en prevenir, atender y sancionar la cohabitación forzada de menores. Esta iniciativa busca erradicar las uniones infantiles mediante protocolos directos que resguarden la integridad, salud e infancia de la niñez en los barrios locales.
Blindaje comunitario para proteger a la niñez en las colonias
La creación de este organismo descentraliza la aplicación de la ley para llevar la vigilancia y la denuncia ciudadana directamente a las delegaciones del municipio. Tras lograrse la tipificación de este hecho como delito en el estado, el reto principal radica en aterrizar la norma jurídica a la realidad cotidiana de la población.
Ofrocina Cruz Mendoza, escritora y activista promotora de la medida, explicó que la aprobación de reformas legales representa solamente una primera etapa, debido a que ahora deben desarrollarse mecanismos para informar, prevenir, identificar y atender posibles casos desde las colonias y comunidades.
Canales de denuncia y atención inmediata ante uniones infantiles
El establecimiento del consejo habilita la creación de rutas institucionales para que vecinos, docentes y familiares puedan reportar situaciones de riesgo sin burocracia. Asimismo, la medida abre la puerta a la judicialización de expedientes bajo el nuevo marco legal de Baja California.
Cruz Mendoza señaló que ya existe un primer caso que será judicializado a partir de la reforma en la entidad, mientras organizaciones civiles mantienen acciones para extender la tipificación de la cohabitación forzada en el país.
Actualmente, el movimiento ciudadano registra presencia en 16 estados y en ocho de ellos ya se prepararon iniciativas formales ante los congresos locales con el fin de homologar la sanción en todo el territorio nacional.
Prevención integral contra la violencia y explotación de menores
La puesta en marcha de estas herramientas operativas en los barrios de Rosarito busca cortar de tajo problemáticas sociales graves ligadas a la permanencia de menores en entornos de cohabitación no consentida o asimétrica.
La activista consideró que los protocolos municipales también contribuirán a prevenir conductas ilícitas y severas afectaciones vinculadas a la vulnerabilidad de menores, entre ellas la trata de personas, la explotación sexual, la producción de material pornográfico infantil y los embarazos a temprana edad.
