Playas de Rosarito, 17 de junio de 2026.- La violencia contra la mujer se ha consolidado como una crisis de salud pública y seguridad en Baja California, afectando profundamente el tejido social. Rosario Sánchez, presidenta de una asociación para víctimas de violencia familiar, advirtió que el fenómeno alcanza dimensiones alarmantes, dejando a miles de ciudadanas en situación de vulnerabilidad extrema dentro de sus propios hogares.
La activista señaló que el impacto de esta problemática trasciende el ámbito privado, afectando la estabilidad familiar y el desarrollo económico del estado, ya que la inseguridad en el hogar erosiona la capacidad de las mujeres para integrarse plenamente en la vida pública y productiva. Al respecto, Sánchez fue contundente sobre la magnitud del fenómeno: “El 69% de las mujeres de 15 años o más han experimentado algún tipo de violencia”.
Esta cifra, que representa a una vasta mayoría de la población femenina, se traduce en una presión constante sobre el presupuesto de las familias y en una pérdida significativa de capital humano. Cuando el hogar deja de ser un espacio seguro, se genera un efecto dominó que compromete la salud mental y la estabilidad financiera de los hijos y el entorno cercano. “Cada persona merece vivir con seguridad y con dignidad, y es responsabilidad de todos promover una cultura de respeto y denunciar cualquier forma de violencia”, subrayó Sánchez.
De acuerdo a lo declarado, uno de los mayores retos para combatir este problema es la normalización de la agresión. Muchas mujeres no identifican las conductas violentas como tales hasta que el daño es severo. Obdulia Olmos, quien ha sido víctima de estas dinámicas, compartió su experiencia personal sobre el proceso de reconocer la gravedad de su situación: “Yo no me había dado cuenta de qué tan grave era la violencia familiar, hasta que ahí mismo miré el termómetro. La verdad, sí me asusté, porque ¿quién no sufre violencia, siendo amas de casa o esposas?”.
Este testimonio refleja una realidad compartida por miles: la violencia doméstica es frecuentemente disfrazada de dinámicas de convivencia. El “termómetro de la violencia” al que hace referencia Olmos funciona como una herramienta crítica para que las mujeres identifiquen señales de alerta antes de que escalen hacia agresiones físicas con consecuencias fatales.
Aunque el marco legal ha experimentado mejoras, la brecha entre la ley y la realidad que viven las bajacalifornianas sigue siendo amplia. La presidenta de la asociación reconoció los avances nacionales, pero enfatizó que no son suficientes sin una ejecución local efectiva: “En México se ha logrado avanzar en un marco normativo y en políticas públicas encaminadas a fomentar la justicia social, la igualdad y el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia”.
Finalmente, señaló que para revertir esta tendencia, es imperativo que las autoridades fortalezcan tres pilares: prevención activa, mecanismos de protección inmediata y un acceso real a la justicia. La seguridad en Baja California depende de que la ciudadanía pierda el miedo a denunciar y de que el Estado garantice que cada reporte sea procesado con perspectiva de género, rompiendo finalmente los ciclos de impunidad que permiten que la violencia se perpetúe de una generación a otra.
