Tijuana, Baja California, 24 de abril de 2026.- La estructura de los gobiernos municipales en Baja California sufrirá una transformación profunda con la próxima Ley de Austeridad y Ahorro. Rocío Adame Muñoz, alcaldesa de Playas de Rosarito, confirmó que las administraciones locales deberán ceñirse a topes de representación y gasto operativo, siguiendo el modelo de austeridad republicana impulsado a nivel federal por la presidenta de México.
Límites en los cuerpos de cabildo
La iniciativa contempla reducir el número de regidores, estableciendo un límite máximo de 15 integrantes por cabildo. “Tendremos que revisar los porcentajes poblacionales para ajustar el número de representantes”, señaló Adame Muñoz. Esta medida busca aligerar la carga financiera que representan los sueldos y prestaciones de los cuerpos colegiados, permitiendo que ese recurso sea reorientado a obras públicas y servicios esenciales.
Candados al uso de vehículos y viáticos
Por su parte, la diputada Liliana Michel Sánchez explicó que la ley obligará a las instituciones a presentar planes de ahorro anuales y tabuladores de viáticos transparentes. Una de las restricciones más severas será sobre el equipo de transporte: los funcionarios ya no podrán adquirir vehículos de lujo con dinero público, debiendo optar únicamente por unidades funcionales que sirvan estrictamente para la operatividad institucional.
Reasignación presupuestal estratégica
Sánchez destacó que este ejercicio de ahorro ya dio sus primeros resultados en el Congreso local, donde se logró una reducción de 52 millones de pesos. Estos excedentes no se quedarán en el escritorio, sino que se proyecta su reasignación a comunidades con rezago histórico, siendo San Quintín una de las prioridades para la inversión de estos recursos recuperados de la burocracia.
Impacto futuro en la administración
La alcaldesa de Rosarito enfatizó que la adaptación a esta ley deberá ser rápida para cumplir con los tiempos electorales. En los próximos dos meses, las autoridades municipales trabajarán en el análisis de la normativa para asegurar que la operatividad de los servicios ciudadanos no se vea comprometida por los recortes, sino que se haga más eficiente mediante la eliminación de gastos superfluos como festejos y escoltas injustificadas.
