Tijuana, Baja California, 24 de abril de 2026.- Ante el creciente déficit habitacional y los efectos de la gentrificación en la zona costa, legisladores federales presentaron en la entidad los detalles del nuevo programa de vivienda social. En Baja California se proyecta la edificación de 30 mil departamentos y casas que operarán bajo un esquema de arrendamiento social, permitiendo que la población joven y las familias de bajos ingresos cuenten con un techo digno sin las barreras de los créditos tradicionales.
Mitigar la gentrificación en la frontera
La diputada Guadalupe Chavira, de la Comisión de Vivienda y Ordenamiento, destacó que una de las prioridades de este plan es establecer mecanismos legales para mitigar el desplazamiento de residentes locales debido al aumento de costos en la zona costa. La intención es que el desarrollo inmobiliario sea equilibrado y que el estado, a pesar de la escasez de suelo disponible, logre integrar a sus ciudadanos en entornos urbanos bien planeados y accesibles económicamente.
Certeza jurídica para las colonias marginadas
Un obstáculo histórico para el desarrollo en Baja California ha sido la falta de escrituración y certeza jurídica. Las autoridades federales anunciaron que se instalarán mesas de trabajo con los ayuntamientos para agilizar la regularización de la propiedad. Esto es fundamental para que los recursos del Ramo 33 puedan destinarse a pavimentación, alumbrado e infraestructura en colonias que hoy se consideran “irregulares”, permitiendo una verdadera transformación social.
Reestructuración del suministro de agua
El proyecto inmobiliario no llegará solo; vendrá acompañado de una reestructuración en la gestión del agua. El diputado Alfonso Ramírez Cuéllar enfatizó que la prioridad legislativa actual es poner orden en la dotación del recurso, liberando millones de metros cúbicos para que el agua llegue directamente a las llaves de los hogares y se garantice también la producción de alimentos en la región, acabando con los tandeos y la escasez crónica.
Fiscalización y presupuesto
El Infonavit será el encargado de ejecutar las metas específicas en Tijuana y Ensenada. Para evitar obras inconclusas, se implementará un sistema de fiscalización estricta sobre el presupuesto destinado a infraestructura básica. Los legisladores subrayaron que no se permitirá la construcción de desarrollos sin servicios garantizados, asegurando que cada una de las 30 mil nuevas viviendas sea habitable y funcional desde el primer día.

