Sindicatura de Rosarito bajo lupa por expedientes policiales
Por Isabel Mendoza
Playas de Rosarito, 24 de abril de 2026.- Integrantes del Cabildo de Rosarito, encabezados por la alcaldesa Rocío Adame, cuestionaron la gestión de los expedientes de control de confianza por parte de la Sindicatura Municipal, tras detectar irregularidades en el flujo de información sobre agentes aprobados y reprobados por el C3. El órgano colegiado acordó elevar esta petición de informe al Congreso del Estado para garantizar que el proceso de depuración policial sea legal y transparente.
La controversia surgió ante el planteamiento inicial de tratar el tema como un asunto de “interés personal” en las oficinas de Sindicatura, cuando los regidores argumentaron que se trata de un tema de interés público. “El número o el estatus de los expedientes sí debería de ser de conocimiento general”, señalaron durante el debate, enfatizando que no se piden datos personales, sino estadísticas de cumplimiento.
Uno de los puntos críticos discutidos fue la omisión en las notificaciones a los policías que no resultaron aptos. Al respecto, la alcaldesa Rocío Adame fue enfática al señalar el riesgo jurídico y financiero que esto implica: “Si un oficial no es notificado, conserva el derecho de seguir cobrando y de defenderse”, advirtió la mandataria, subrayando que esto representa un gasto para el erario sin que el agente pueda desempeñar sus funciones operativas de manera legal.
Se informó que durante el cambio de administración y de titulares en el C3 estatal, no se entregaron los expedientes completos a la Secretaría de Seguridad local. Esta falta de documentación ha complicado que la Comisión de Honor y Justicia determine si se levantan las suspensiones a los elementos o si se procede con su baja definitiva, dejando en el aire la situación de decenas de oficiales.
El acuerdo aprobado busca forzar la entrega de un informe técnico detallado antes de la próxima sesión ordinaria. Este documento servirá de base para que el Congreso del Estado evalúe si la Zona Costa de Baja California está cumpliendo con los estándares de certificación policial requeridos y para deslindar responsabilidades por las omisiones en las notificaciones legales.
