LAS TRAVESURAS DE EL SACAPUNTAS, EL LÁPIZ Y EL R-15

LA NOCHE DE LOS NAHUALES

 

Benjamín M. Ramírez

 

Hace ya muchos años, un amigo que trabajaba en la administración pública me pidió diseñar un proyecto para incrementar la seguridad en los centros educativos. Entre las propuestas le planteé una que, por entonces, provocó carcajadas: instalar arcos de seguridad en cada plantel, implementar detectores de metales y reforzar los protocolos de vigilancia al interior de las escuelas.

 

«—¿Cómo en los aeropuertos? —preguntó alguien entre risas.

 

«—Exactamente —respondí.

 

Las carcajadas aumentaron. Al parecer, la seguridad era un chiste… hasta que dejó de serlo.

 

En otra ocasión, un docente que asistió a un curso de prevención de la violencia escolar me consultó sobre una recomendación del capacitador policial: enfrentar al agresor con cualquier objeto a la mano. Mi respuesta fue breve y poco heroica: somos docentes, no mártires. Creo en la legítima defensa, no en la producción masiva de mártires.

 

Las maestras acribilladas en Lázaro Cárdenas, Michoacán, probablemente actuaron según su criterio y sus posibilidades. Difícil exigir protocolos cuando lo habitual, sobre todo en el sector privado, es la simulación: simulacros de repliegue, capacitaciones esporádicas y una fe casi religiosa en que “aquí nunca pasa nada”.

 

Porque, además, el contexto laboral tampoco ayuda. Muchas docentes sobreviven bajo el lema empresarial de “hora dada, hora pagada”, sin seguridad social, aguinaldo, vacaciones ni, por supuesto, seguro de vida. Se les exige vocación, pero se les regatea la dignidad. Enseñan en medio de la incertidumbre: la violencia afuera y la precariedad adentro.

 

El colegio donde ocurrieron los hechos —que deberán ahora enfrentar un escrutinio incómodo— podría verse envuelto en responsabilidades laborales si se confirman prácticas irregulares. Aunque, siendo honestos, en este país lo excepcional no es la ilegalidad, sino que se sancione. Y ya se sabe: cuando hay dinero de por medio, la mesa siempre tiene un cajón oculto. Sí… aunque en este país ya sabemos cómo termina eso muchas veces: con acuerdos discretos y carpetas que se enfrían. Porque aquí, cuando hay dinero, casi todo se puede “arreglar”.

 

El caso revela varias aristas inquietantes. La primera: el agresor presumía en redes sociales un arma de asalto de uso exclusivo del Ejército. La pregunta no es nueva, pero sí urgente: ¿cómo llega un arma así a manos de un adolescente? ¿Dónde estaban los filtros familiares? ¿Qué tan ausentes hay que estar para no notar que tu hijo presume un rifle como si fuera trofeo o una botella de licor? ¿cómo llega un R-15 a manos de un adolescente? ¿Nadie en su casa vio nada? ¿O sí vieron, pero prefirieron no meterse?

 

La segunda: las plataformas digitales. Resulta curioso que empresas como Meta puedan censurar con eficiencia quirúrgica un desnudo artístico o una foto manipulada, pero no detecten —o no quieran detectar— la exhibición de armamento de alto calibre. La moderación de contenidos parece regirse por un principio claro: lo incómodo moralmente se elimina; lo peligroso, se monetiza o se ignora. Tal vez ya sea momento de que esa “autorregulación” deje de ser un acto de fe y se convierta en materia de responsabilidad legal. Ahí radica la responsabilidad del Estado.

 

La tercera: la ya célebre ausencia parental. Muchos jóvenes crecen como huérfanos de afecto: con padres presentes en la nómina, pero ausentes en la vida cotidiana. Se delega la formación afectiva a la escuela, como si el pago de colegiaturas incluyera cariño, límites y supervisión. Sí, hay que decirlo. Muchos jóvenes crecen solos, aunque sus papás estén en la casa. Se piensa que pagando una escuela privada ya se resolvió todo. Pero no: la escuela no sustituye el afecto, ni la atención, ni los límites. El paquete no los incluye. Nunca los ha incluido.

 

Y entonces aparece la pregunta inevitable: ¿dónde están las autoridades educativas? ¿Qué papel juega la SEP? ¿Y las autoridades estatales? ¿Y la propia institución escolar? Porque la escuela no es solo un espacio académico; también es —o debería ser— un sistema de alerta temprana. No se trata de criminalizar conductas atípicas, pero tampoco de ignorarlas hasta que se conviertan en tragedia.

 

Durante años se nos dijo que la escuela era la segunda casa. Hoy parece más bien un espacio desprotegido que funciona por inercia. Antes se hablaba de disciplina; hoy se habla de protocolos, pero rara vez se aplican. Antes había excesos, sí, incluso abusos; hoy hay omisiones. Y entre el autoritarismo de ayer y la negligencia de hoy, el alumno queda igual de expuesto, solo frente a la fatalidad o su destino. Hoy, en nombre de no incomodar, muchas veces no se hace nada.

 

Propuestas (porque reírnos no basta y las lágrimas ya no alcanzan).

 

Si algo demuestra esta tragedia es que aquella idea “ridícula” de los arcos de seguridad no era tan absurda. Era, simplemente, incómoda.

 

Por ende, es necesario hablar de una infraestructura mínima de seguridad escolar: instalación de detectores de metales, control de accesos y personal capacitado. No para militarizar escuelas, sino para dejar de fingir que son burbujas inmunes a la violencia.

 

También es necesario considerar protocolos reales, no decorativos: capacitación obligatoria y periódica para docentes y personal administrativo: qué hacer, cómo actuar y, sobre todo, qué no hacer. Porque enfrentar a un agresor armado con un sacapuntas sigue siendo mala estrategia.

 

Además, incluir un sistema de alerta temprana psicoeducativa: equipos interdisciplinarios que detecten conductas de riesgo: aislamiento extremo, violencia, amenazas explícitas en redes. No para castigar, sino para intervenir a tiempo.

 

Asimismo, la urgente corresponsabilidad parental verificable: no basta con firmar boletas. Talleres obligatorios para padres, seguimiento conductual y canales de comunicación efectivos. Educar no es un servicio que se pueda delegar.

 

Conjuntamente, es necesario la regulación efectiva de plataformas digitales: las redes no pueden seguir operando como territorios sin ley selectiva. Si detectan copyright en segundos, pueden detectar armas. La diferencia no es técnica, es de voluntad.

 

simultáneamente a todo lo anterior es necesario insistir en la dignificación laboral docente:

un docente precarizado no puede ser el primer muro de contención social. Seguridad laboral, prestaciones y acompañamiento institucional no son privilegios: son condiciones mínimas.

 

Aquí está la responsabilidad irrenunciable, inaplazable e inamovible del Estado. Y todo puede resumirse en una sola propuesta: ¡devuélvanle la autoridad al maestro! ¡Devuélvanla!

 

Descarten los llamados “acuerdos de convivencia escolar”. Los adolescentes y jóvenes necesitan reglas. Reglas claras para ponerse de acuerdo: consigo mismos, con sus compañeros, con la sociedad y con el Estado. Sin un rumbo definido, los hechos violentos no van a disminuir; van a aumentar.

 

Como colofón, el sacapuntas, el lápiz y el R-15 pasan inadvertidos dentro de la mochila escolar. Y es que ahí no solo se cargan útiles: también viajan emociones, trastornos, confusión, estrés, miedos… y, muchas veces, cada vez más, una peligrosa sensación de impunidad.

 

He perdido la cuenta de cuántas veces he sido amenazado con un arma de fuego por alumnos. Sí, alumnos. Tampoco puedo contar ya las intimidaciones de padres de familia que quieren dictar las reglas del aula, como si educar fuera un servicio que se ajusta al capricho del cliente.

 

Y así, entre autoridades ausentes, escuelas rebasadas y familias que delegan lo indelegable, seguimos fingiendo que no pasa nada… hasta que pasa.

 

Después vienen los discursos, los lamentos y las promesas. Pero para entonces, como siempre, ya es demasiado tarde.

 

Al final, lo verdaderamente irónico es que aquello que nos parecía exagerado —revisar mochilas, instalar detectores, hablar de riesgos reales— terminó siendo apenas lo básico. Nos reímos de la prevención… y ahora escribo esta columna sobre sus consecuencias.

 

Cada uno debe asumir su responsabilidad, sin excusas. Abandonar a los jóvenes a su suerte es negligencia; ceder ante las pretensiones belicosas de adolescentes sin rumbo es, simple y llanamente, renunciar a educar…