Playas de Rosarito, Baja California, 10 de noviembre de 2026.- Viudas de policías de Playas de Rosarito fallecidos en cumplimiento de su deber promovieron un juicio de amparo contra la alcaldesa Rocío Adame Muñoz, tras acumular casi cinco meses sin resolución a sus pensiones y padecer la suspensión del servicio médico municipal. El conflicto exhibe la vulnerabilidad jurídica y de salud que enfrentan las familias de agentes locales.
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Suspensión de apoyos y cancelaciones de diálogo en el Ayuntamiento
Las afectadas señalaron que desde hace casi cinco meses acuden a las oficinas municipales para destrabar el pago de prestaciones económicas, enfrentando reprogramaciones y audiencias canceladas sin resolución. La falta de cobertura médica agravó la situación económica de los hogares tras la pérdida de sus cónyuges en labores operativas.
Una de las cónyuges afectadas describió la incertidumbre cotidiana que enfrentan ante la falta de acuerdos con la autoridad local.
“No estamos pidiendo nada que no nos pertenece, estamos pidiendo la pensión de nuestros esposos… no nos han contestado, nos traen a vuelta y vuelta, nos citan y al último nos dejan plantados, nos dicen que tienen juntas, que tienen cosas que hacer, no nos han respondido”.
Inicio de proceso legal por retiro de prestaciones
El licenciado Arturo Zavala, integrante de la Asociación de Policías Retirados de Tijuana, confirmó que la vía judicial inició formalmente al no prosperar las gestiones entabladas a mediados de año ante el gobierno de Playas de Rosarito.
“Tuvimos que empezar con el proceso legal en contra de la alcaldesa, en virtud de que desde mayo de 2026 presentamos una solicitud para que se revisara el tema de ellas como viudas de policías. Son viudas que en su momento sus esposos perdieron la vida en cumplimiento de su deber y al momento que el policía murió se les quitó todo tipo de apoyo económico y se les quitó el servicio médico”.
Por su parte, la presidenta municipal Rocío Adame Muñoz puntualizó que el Ayuntamiento sostuvo mesas de trabajo con autoridades del organismo de seguridad social, aunque reconoció que las normativas vigentes impiden autorizar los recursos de forma directa.
“Sí hemos atendido, hemos hecho reunión con ISSSTECALI. Lo que ellas refieren es el tema de las pensiones para ellas; nosotros no podemos todavía entrar en eso porque ellos (policías) no cumplieron el tiempo que dice la ley de ISSSTECALI para poder ser acreedores a sus pensiones, eso ya está en la cancha de ISSSTECALI”.
La controversia legal continuará en tribunales federales, en tanto las familias afectadas permanecen sin acceso a la red médica institucional ni a los montos de sostenimiento económico correspondientes a los uniformados caídos.
