Tijuana, Baja California.- Las declaraciones públicas que califican a Tijuana como una ciudad “reprobada” en materia de resiliencia ante desastres naturales deben manejarse con seriedad, rigor técnico y responsabilidad. Emitir una conclusión de esta naturaleza puede generar confusión en la ciudadanía y afectar injustificadamente la percepción sobre las capacidades de la ciudad para prevenir y enfrentar emergencias. Por lo que se deberia de sugerir la presentación del estudio que la respalda, su metodología, los indicadores evaluados y las fuentes de información, en una mesa de trabajo con expertos en la materia, tanto de la sociedad como del gobierno.
La resiliencia urbana es un tema de enorme importancia para Tijuana. Por su ubicación, sus características geográficas, su crecimiento urbano y su exposición a distintos riesgos, resulta indispensable fortalecer permanentemente la prevención, la planeación, la infraestructura, la protección civil y la capacidad de respuesta de las instituciones.
Precisamente por la relevancia del tema, no basta con emitir una calificación contundente: es necesario demostrar cómo se obtuvo y qué evidencia la sostiene.
Si existe una evaluación que concluye que Tijuana presenta deficiencias en resiliencia, corresponde hacer público el documento técnico, identificar a sus autores e institución responsable, precisar la fecha de elaboración, explicar la metodología empleada y señalar cuáles indicadores se encuentran por debajo de los parámetros establecidos.
También es fundamental distinguir entre un diagnóstico técnico, una opinión especializada, un índice comparativo y una evaluación oficial. No son equivalentes ni tienen necesariamente el mismo alcance.
Calificar a una ciudad como “reprobada” es muy delicado por ello se debe dar a conocer la evidencia correspondiente ya que puede simplificar un problema complejo, omitir avances o capacidades existentes y dificultar una discusión pública basada en hechos verificables. Además, una afirmación de esa magnitud debe permitir que la ciudadanía conozca qué aspectos fueron evaluados, cuáles son las deficiencias identificadas y qué acciones concretas se proponen para corregirlas.
Esto no significa minimizar los riesgos ni desestimar las áreas de oportunidad. Por el contrario, significa reconocer que la prevención de desastres exige transparencia, evaluación objetiva y rendición de cuentas. Si existen rezagos, deben identificarse con precisión y atenderse con medidas verificables; si se utiliza una calificación, debe explicarse su fundamento.
Por ello, hago un llamado respetuoso a quienes han sostenido que Tijuana está “reprobada” en resiliencia para que exhiban públicamente el estudio correspondiente y permitan conocer sus resultados, alcances, limitaciones e indicadores.
La ciudadanía tiene derecho a recibir información completa, contextualizada y sustentada, especialmente cuando se trata de la seguridad de las familias, la infraestructura urbana y la capacidad de respuesta ante fenómenos naturales.
Tijuana necesita diagnósticos, propuestas viables y acciones preventivas. La discusión sobre la resiliencia de nuestra ciudad debe construirse sobre evidencia, transparencia y responsabilidad pública.
La prevención no admite improvisaciones y la información pública tampoco debe prescindir del rigor técnico.
