Por Benjamín M. Ramírez
En casa la conocemos como la maldición tapatía. Viaje tras viaje, por más que los planeamos con anticipación, siempre surge, a última hora, algún obstáculo que nos impide volar hacia la Perla Tapatía: Guadalajara.
Con el boleto y el pase de abordar en la mano, el destino nos ha jugado una mala pasada cada vez que intentamos viajar a Guadalajara. La última ocasión fue en julio. Lo habíamos planeado con anticipación, alegres y contentos. Sin embargo, a pocas horas de partir, un agente de tránsito decidió remolcar mi vehículo. Me quedé en tierra. Tenía que elegir: volar para concretar el viaje o quedarme para resolver el asunto de la infracción de tránsito y el arrastre de la grúa.
Hace un par de minutos decidí poner en pausa el viaje programado para diciembre. El costo de los vuelos está por las nubes.
Así que decidí comentarlo. «Hasta nuevo aviso, Guadalajara». «Ya lo esperábamos», me responden en unísono. No es la primera vez.
Esta anécdota sirve para acercarnos al centro-occidente del país. El problema del agua en Guadalajara no es un caso aislado: muchas ciudades de México enfrentan una crisis similar. En mi pueblo, donde llueve lo suficiente durante buena parte del año y existen afluentes en toda la zona, también sufrimos escasez de agua. La dupla fraternal que gobierna desde hace más de dieciocho años ha prometido hasta el cansancio perforar nuevos pozos. El problema persiste y se agrava.
En Guadalajara y su zona metropolitana, el problema no es simplemente la falta de suministro. El agua llega a los hogares, pero llega contaminada. Si solo se tratara de agua con arena o sedimentos, el problema sería menor: bastaría con filtrarla o dejar que los solidos se asentaran para después retirarlos. Sin embargo, cuando el agua está contaminada, el asunto se convierte en un problema de salud pública.
Quienes padecen esta situación de primera mano me comentan que el agua presenta residuos tóxicos e incluso materia fecal. En suma, se trata de agua contaminada, no apta para el consumo humano.
Ante esta situación, los tapatíos salieron a protestar y a exigir respuestas al gobierno de Lemus. El gobernador no los atendió; por el contrario, los reprimió con tanquetas que disparaban chorros de agua limpia, a una presión muy elevada. La ironía es evidente: agua limpia para dispersar a quienes reclaman agua potable. Decenas de manifestantes fueron golpeados, detenidos y, según las denuncias, torturados en las instalaciones de la Casa Jalisco. La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), según se ha informado, abrió una investigación de oficio por los presuntos casos de tortura y exigió la liberación de las personas que aún permanecían detenidas. Nunca imaginé que Lemus recurriera a la represión para contener a los manifestantes.
Ente los acontecimientos y unas protestas que siguen latentes, supongo que el problema del agua no se arreglará por arte de magia, con declaraciones en las redes sociales ni con disculpas tardías. Tampoco se solucionará lavándose las manos y señalando a los mandos policiacos como únicos responsables.
La orden, sostengo, debió girarse desde el palacio de gobierno. Ningún subalterno debería actuar por cuenta propia en una operación de esta naturaleza; y, si lo hizo por obediencia, eso no lo exime de responsabilidad, como tampoco libera de ella a quienes dieron dichas órdenes.
Ante la represión y las acusaciones de tortura contra personas detenidas, hechos que habrían ocurrido en las inmediaciones de la residencia oficial y bajo la responsabilidad política del gobierno estatal, Lemus debe renunciar de inmediato. La exigencia de los tapatías no solo es justa: es vita, tanto como el agua misma.
Frente a los intentos de privatizar el servicio —en Baja California, Kiko Vega también lo ambicionó—, la ciudadanía debe responder con manifestaciones, pero también con acciones legales. El derecho al agua es un derecho humano y el Estado debe responder a esta demanda de forma expedita.
Frente a los intentos de privatizar el servicio —en Baja California, K. Vega también ambicionó—, la ciudadanía debe responder con manifestaciones, pero también con acciones legales. El derecho al gua es un derecho humano y el Estado debe responder a esta demanda de forma expedita.
Esta mañana escuché las declaraciones de Lemus, quien intentaba lavarse las manos frente al problema del agua contaminada que suministra su gobierno. Responsabilizó al policía de a pie y aseguró que las actuaciones de los agentes serían turnadas a Asuntos Internos. Sin embargo, la responsabilidad política recae, en primer término, en quien encabeza el Poder Ejecutivo. Por eso, insisto: debe renunciar de inmediato. No hay que confundir la responsabilidad de los agentes que ejecutan los actos represivos con la de quienes los ordenan, permiten o toleran.
Mientras la población se manifestaba, imagino que Lemus —como Nerón, que tocaba la lira mientras Roma ardía—, disfrutaba de la piscina.
Quiero terminar expresando mi preocupación y profunda decepción ante la crisis sanitaria que se libra en las trincheras del sector salud. Faltan insumos, medicamentos y camas; escasea la atención oportuna en clínicas y hospitales.
Si padeces cáncer, una cita con el especialista puede tardar hasta siete meses. En el IMSS, un médico general debe atender a los derechohabientes en un tiempo récord de siete minutos, dentro de un esquema de consultas cuya duración, según refieren los pacientes, ronda los quince minutos. Ya lo viví en carne propia. También lo vivió un amigo que decidió atenderse en una clínica privada, con el oneroso gasto que ello representa. Tuvo que elegir entre esperar la interminable cita del IMSS o buscar una alternativa para seguir con vida.
Otro amigo murió después de que le detectaran tardíamente el cáncer que padecía. Apenas se cumplió un año de su fallecimiento. Familiares y amigos tienen que llegar con mucha anticipación para hacer antesala y conseguir atención médica. Yo mismo procuro no enfermarme, porque acudir a mi clínica significa, con frecuencia, una pérdida de tiempo y de dinero.
Si quien dirige este país quiere conocer de primera mano lo que ocurre, debería hacer lo que, según se cuenta, hacía el papa Sixto V (Felice Peretti) para conocer la realidad de Roma: disfrazarse de mendigo, ermitaño o paisano. Así podría acercarse al sentir del pueblo, lejos de los informes oficiales y de los discursos que maquillan la realidad.
Claudia vive frente al espejo. Pero, mientras para Alicia o Blanca Nieves el espejo devuelve una imagen fantástica, la realidad que debería reflejarle a Claudia es dura, impávida, feroz y aterradora: la de un país sumido en una crisis de salud.
