Por Alberto Gómez C.
Playas de Rosarito, Baja California, 26 de septiembre de 2026.- En Playas de Rosarito, Colectivo Mujeres Morena República activaron una agenda nacional para homologar la sanción del feminicidio, blindar los derechos políticos de las mujeres y erradicar la violencia de género en México. Este frente comunitario impacta directamente en las leyes, la representación legislativa y la protección social de las familias también de la entidad.
Leyes homogéneas y freno a la violencia electoral en 2027
La tipificación de delitos contra las mujeres y la protección durante los procesos electorales forman la columna vertebral de los acuerdos alcanzados. Durante los trabajos en el municipio costero, las participantes señalaron que el incremento de la participación pública de las ciudadanas debe ir acompañado de garantías legales estrictas para evitar el acoso político y la discriminación en los cargos comunitarios y legislativos.
La comisionada política nacional de la colectiva Mujeres Morena República, Guadalupe Juárez, explicó que la organización agrupa a militantes en 28 estados del país. Juárez enfatizó que la articulación territorial busca evitar que los ataques frenen el avance de las mujeres en los espacios de toma de decisiones.
“Empieza una campaña profundamente violenta contra nosotras las mujeres en la vida política; no nos van a regresar a los hogares y sostenemos como un solo grito: si tocan a una, nos tocan a todas”, declaró.
Por su parte, la alcaldesa de Playas de Rosarito, Rocio Adame Muñoz, quien fungió como anfitriona de la reunión que conmemoró una década de trabajo de esta red, remarcó que los gobiernos locales tienen la responsabilidad de demostrar el impacto de la gestión femenina mediante gabinetes con paridad real y políticas públicas enfocadas en el bienestar social.
“En Playas de Rosarito nos hemos propuesto que haya muchas más mujeres trabajando en cualquier espacio; tenemos que demostrar que estamos en los cargos por capacidad y erradicar la violencia en la práctica diaria”, argumentó.
Formación comunitaria, paridad en cabildos y agenda indígena
El trabajo territorial del colectivo abarca la capacitación continua de jóvenes y mujeres en colonias de Tijuana, Ensenada, Mexicali y Rosarito. Las referentes regionales enfatizaron que la formación política busca transmitir la memoria histórica a las nuevas generaciones para consolidar los derechos cívicos ganados.
La diputada local Evelyn Sánchez señaló que las reformas vigentes en Baja California deben considerar la realidad de las comunidades indígenas, afromexicanas y migrantes. Sánchez argumentó que la equidad social requiere también una reestructuración de las tareas del hogar y los cuidados familiares para permitir que más ciudadanas se incorporen al trabajo remunerado y a la vida pública.
Avance legislativo y corresponsabilidad en la vida pública
En el plano federal, la armonización de las leyes penales se perfila como el paso decisivo para evitar que la justicia dependa del código penal de cada estado. Las legisladoras presentes informaron sobre las discusiones en el Congreso de la Unión para establecer sanciones uniformes en todo el territorio nacional ante la violencia extrema.
La diputada federal Anaís Burgos detalló las iniciativas en materia de igualdad sustantiva y prevención del delito. Burgos subrayó que erradicar las agresiones contra niñas, adolescentes y mujeres exige una aplicación legal idéntica tanto en la frontera norte como en el centro y sur del país, cerrando las lagunas jurídicas que permiten la impunidad.
“Estamos en discusión de la ley para sancionar y prevenir el feminicidio, homologando todos los criterios para que no haya disparidad ni discriminación hacia una mujer por vivir en Tijuana o en el Estado de México”, precisó.
