Tijuana, Baja California, 2 de agosto de 2026.- Una serie de irregularidades en la venta de predios en el sector de Valle Redondo derivó en denuncias públicas por parte de expertos en urbanismo y ciudadanos afectados. La controversia involucra la comercialización de lotes habitacionales dentro del área de influencia de una planta gasera en Tijuana, sumado a la utilización de licencias emitidas por un municipio distinto para avalar el proyecto inmobiliario.
Confusión territorial y uso de licencias ajenas
De acuerdo con la información expuesta por los denunciantes, la venta es realizada por el agente Ángel Bañuelos, quien promociona los lotes mediante mensualidades fijas de 3 mil 750 pesos. La anomalía principal radica en que la empresa ostenta permisos que habrían sido expedidos por el Ayuntamiento de Tecate, pese a que la superficie geográfica a subdividir forma parte del territorio del municipio de Tijuana.
Esta superposición de trámites busca presuntamente evadir el Reglamento de Zonificación y Usos de Suelo para Estaciones de Servicio y Plantas de Almacenamiento de Gas LP de Tijuana. La infraestructura industrial opera en el lugar desde hace más de dos décadas, por lo que cualquier nuevo asentamiento a su alrededor debe sujetarse rigurosamente a las distancias mínimas de seguridad dictaminadas por las autoridades tijuanenses.
Parámetros de seguridad que impiden el uso residencial
Especialistas del Colegio de Arquitectos de Tijuana reiteraron que la ley municipal protege a la comunidad exigiendo un margen de resguardo de 150 metros radiales respecto a viviendas o privadas, y de 300 metros frente a centros escolares, hospitales o espacios comunitarios. Dado que los predios ofertados se ubican dentro de estos radios prohibidos, no existe viabilidad técnica ni legal para la construcción de casas habitación.
Las autoridades competentes deberán intervenir para definir la situación legal de los terrenos y deslindar responsabilidades sobre la expedición de licencias fuera de jurisdicción. Mientras tanto, los denunciantes recalcan que la omisión de estos datos en los contratos de compraventa configura un engaño directo hacia la ciudadanía que busca adquirir un patrimonio de forma legítima.
Consecuencias administrativas para los inversionistas
Los compradores que hayan entregado anticipos o se encuentren pagando mensualidades corren el riesgo de perder sus recursos económicos. Al estar los terrenos sobre una franja de restricción por hidrocarburos, el Gobierno Municipal de Tijuana no podrá otorgar permisos de edificación ni autorizar la introducción de servicios básicos, dejando las fincas en un estatus de total irregularidad.
