Tijuana, Baja California, 23 de julio de 2026.- Autoridades de la Policía Municipal de Tijuana capturaron a un agente ministerial de la Fiscalía General del Estado y a tres acompañantes civiles en la colonia Camino Verde, luego de ser señalados por la víctima de exigir un pago ilícito de dinero para no asegurar un vehículo.
Operativo en Camino Verde tras reporte al 911
El despliegue de seguridad se activó a partir de una llamada inmediata a la línea de emergencias 911. La víctima solicitó la presencia del patrullaje municipal al momento en que era encarada por los cuatro señalados, logrando la pronta detención de los sospechosos en el sitio del incidente.
El fiscal regional de Tijuana, Miguel Ángel Guerrero, proporcionó el expediente de adscripción y los antecedentes del servidor público involucrado.
“El agente Armando “N”, adscrito a Ensenada y con siete años de servicio, fue asegurado por la Policía Municipal el pasado 21 de julio”, detalló el funcionario estatal.
Red procedente de Ensenada y proceso penal
De acuerdo con la información oficial, los otros tres hombres asegurados junto al policía estatal son nativos del municipio de Ensenada. Todos permanecen a disposición del agente del Ministerio Público mientras se deslindan responsabilidades y se evalúa la presentación del caso ante un juez de control.
El fiscal regional recordó el marco punitivo para este tipo de conductas cometidas por funcionarios con acceso al sistema de justicia.
“La extorsión se castiga con penas de entre siete y 12 años de prisión, sanción que puede aumentar cuando en el delito participa un servidor público”, precisó Guerrero.
Cero tolerancia dentro de la institución
La detención de un elemento con siete años en las filas operativas reabre el debate sobre las pruebas de control de confianza dentro de las dependencias policiales. La Fiscalía mantiene abiertos los canales de investigación para rastrear posibles redes de complicidad.
Guerrero enfatizó la postura institucional adoptada por el mando superior de la dependencia investigadora de Baja California.
“No habrá impunidad en este caso y la instrucción de la fiscal general, María Elena Andrade Ramírez, es actuar contra cualquier integrante de la institución que incurra en conductas ilícitas”, aseveró.
