Tijuana, Baja California, 11 de junio de 2026.- La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal (SSPCM) encabezó la sesión ordinaria del Comité Municipal de Prevención de la Violencia en Tijuana para revisar las intervenciones escolares y reportes ciudadanos relacionados con abusos, acoso escolar y adicciones en zonas prioritarias, buscando reducir las condiciones de vulnerabilidad en la comunidad estudiantil local.
Contexto del anuncio
La reunión del organismo congregó a representantes de diversas dependencias gubernamentales, instituciones públicas, organismos de la sociedad civil y asociaciones especializadas. El encuentro técnico se desarrolló con el propósito de evaluar el seguimiento de los factores de riesgo social detectados mediante denuncias directas y operativos de prevención ejecutados previamente en distintos sectores vulnerables de la delegación La Presa y zonas aledañas.
Qué informaron las autoridades
Los integrantes del comité presentaron los resultados oficiales del programa “Escuela Informada, Escuela Segura”, aplicado recientemente en la Escuela Secundaria Técnica Municipal No. 2 Xicoténcatl Leyva Alemán, situada en la colonia Mariano Matamoros. En este plantel, tanto alumnos como personal docente recibieron capacitación especializada para la identificación y denuncia de delitos cibernéticos, acoso escolar, abuso sexual y educación vial.
Impacto para la ciudadanía
La SSPCM anunció que la siguiente fase operativa consistirá en una intervención urgente en una escuela primaria de la colonia Camino Verde. En esta demarcación, las autoridades preventivas encendieron alertas rojas tras la detección de casos ligados a la violencia familiar, el consumo temprano de sustancias ilícitas y sospechas de abuso sexual, situaciones que requieren la presencia inmediata de especialistas institucionales.
Próximos pasos
Las dependencias y colectivos civiles participantes formalizaron un acuerdo para desplegar una estrategia de atención integral en la colonia Camino Verde. Este esquema fronterizo pretende dotar a los menores y a sus familias de herramientas legales y sicológicas que les permitan identificar delitos, conocer sus derechos fundamentales y evitar la normalización de conductas delictivas en sus entornos habitacionales a mediano plazo.
