Promueven juicio político contra síndico de Rosarito
Por Isabel Mendoza
Playas de Rosarito, 19 de mayo de 2026.- La alcaldesa de Playas de Rosarito, Rocío Adame, anunció que el Ayuntamiento promueve un juicio político contra el síndico municipal, Ricardo Bejarano Núñez, debido a la omisión y negativa de entregar un informe técnico detallado sobre el estatus de los expedientes de control de confianza de los agentes policiacos evaluados por el organismo C3.
El desacuerdo institucional escaló luego de que el Cabildo detectara irregularidades severas en la información sobre los policías aprobados y reprobados por el Centro de Control de Confianza (C3). Ante la falta de claridad por parte del órgano fiscalizador encabezado por Bejarano Núñez, los regidores acordaron elevar de manera formal la petición de cuentas directamente ante el Congreso del Estado de Baja California, buscando que el proceso de depuración policial sea transparente y legal.
Rocío Adame desmintió la justificación del síndico, quien ha argumentado de manera reiterada que los datos solicitados son confidenciales. La gobernante local enfatizó que dicha postura carece de sustento para las autoridades gubernamentales.
“Él dice que es confidencial, pues eso no es confidencial, esas son cosas que tiene uno, como lo hicieron en las otras sindicaturas… Debemos de saber sobre todo el seguimiento si hay alguna situación ahí especial”, declaró firmemente la alcaldesa.
Añadió que la obligación del funcionario es informar al Cabildo y a la ciudadanía del municipio, tal como se realiza formalmente en otras partes del estado, precisando que Playas de Rosarito no debe ser la excepción.
Debido a que el informe requerido a Ricardo Bejarano Núñez no ha sido presentado de forma local, el Ayuntamiento recurrirá a las instancias estatales para exigir su rendición. Adame advirtió que la opacidad del órgano interno de control pone en riesgo la estabilidad de la administración de la Zona Costa de Baja California.
“Aquí lo preocupante es que se haga un daño patrimonial al municipio”, subrayó. Al ser cuestionada sobre si esto desencadenaría un juicio político contra el síndico, confirmó: “Sí, sí, probablemente… La consejería jurídica es quien estará a cargo”.
El Congreso del Estado de Baja California recibirá la petición formal del Cabildo y fungirá como la autoridad responsable de evaluar las pruebas. El proceso legal permitirá al síndico Ricardo Bejarano Núñez presentar su defensa y aclarar las cuentas sobre los recursos humanos y materiales bajo investigación. Mientras tanto, el proceso de depuración de la corporación local permanece bajo un estricto escrutinio público para asegurar la confiabilidad de los policías en la región.
