Víctimas de fraude inmobiliario en Tijuana exigen protección
Tijuana, Baja California, 29 de abril de 2026.- Decenas de familias residentes de la zona oeste de Tijuana se manifestaron frente al Palacio Municipal para denunciar una red de fraude inmobiliario que amenaza con dejarlos sin hogar. Los afectados, quienes habitan colonias como Lomas de San Antonio y Brisas de Santa Fe, enfrentan advertencias de desalojo forzoso por parte de supuestos propietarios legítimos tras años de realizar pagos irregulares.
El conflicto por la tenencia de la tierra
La problemática afecta a comunidades asentadas en Lomas de San Antonio, San Juan y los fraccionamientos Brisas de Santa Fe I y II. Los colonos explicaron que, tras haber invertido sus ahorros y años de pagos, ha aparecido un supuesto dueño de apellido Rodríguez, quien les ha otorgado un plazo de apenas una semana para abandonar sus viviendas bajo amenaza de demoler las construcciones.
Esta situación ha generado alarma, ya que muchas de las familias han habitado estos predios por periodos que van de los dos a los cinco años.
“Lo que no queremos es impedir que nos saquen porque ¿para dónde nos vamos a ir a vivir si la renta aquí en Tijuana es bien cara?”, cuestionó una de las madres de familia afectadas, quien señaló llevar cinco años abonando por su patrimonio.
Presuntos responsables y cobros persistentes
Los manifestantes señalaron que personas vinculadas a Christian Pablo “N” y Emmanuel Aurelio “N” —actualmente detenidos— continúan operando y exigiendo pagos por los terrenos. A pesar de la situación legal de los señalados, representantes de las oficinas donde se gestionaban las ventas siguen ofreciendo descuentos en supuestos adeudos, mientras de forma paralela los residentes reciben amenazas de grupos que reclaman la propiedad legal.
De acuerdo con los testimonios, se estima que solo en el área de Brisas de Santa Fe II existen cerca de 58 predios habitados mayoritariamente por familias con niños y personas de la tercera edad, aunque el impacto global podría alcanzar a más de 400 personas en la zona circundante.
Incertidumbre jurídica y próximos pasos
Los residentes critican la postura de las autoridades locales, quienes han argumentado falta de competencia debido a que el caso se encuentra en un proceso legal en curso. Sin embargo, los afectados insisten en que la movilización busca visibilizar la vulnerabilidad en la que se encuentran frente a lo que describen como una “cadena de narcofraude”.
El seguimiento del tema dependerá de las autoridades competentes y el apoyo que puedan recibir del Gobierno Municipal para mediar en el conflicto. De no existir una intervención oficial, los vecinos advierten que el riesgo de un enfrentamiento físico o un desalojo violento es inminente durante los próximos días.
