Por Ana Claudia Coutigno Ramírez
En las últimas semanas, la presidenta Claudia Sheinbaum ha anunciado en las conferencias matutinas la elaboración de una nueva iniciativa de reforma electoral que incorporará, al menos, tres ejes principales: la reducción del presupuesto del INE, la disminución del financiamiento público a los partidos políticos y la eliminación de diputaciones de representación proporcional.
La propuesta será preparada y discutida por una comisión presidencial encabezada por Pablo Gómez Álvarez, coautor de la reforma electoral presentada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador. El pasado 6 de agosto, Pablo Gómez en entrevista con El País, adelantó que la reforma ha asegurado que el proceso será incluyente, no producto de “camarillas”, e incluirá una consulta pública. También contemplará elecciones primarias para candidaturas, la eliminación de órganos y tribunales electorales locales, la supresión del fuero constitucional, cambios en las atribuciones del INE y la restricción del financiamiento a partidos, limitándolo solo a años electorales.
Los objetivos de eficiencia y reducción de costos son relevantes, sabemos bien que el sistema actual mantiene altos gastos operativos y un financiamiento partidista elevado, incluso en periodos sin elecciones. No obstante, la eliminación de los organismos públicos electorales locales merece un análisis más profundo. Su labor es fundamental no solo durante los procesos electorales, sino también en consultas y actividades de participación ciudadana que ocurren en años no electorales. Además, han sido clave para garantizar la participación política de pueblos y comunidades indígenas, organizando, documentando y supervisando elecciones bajo sistemas normativos indígenas, como sucede en municipios de Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Estado de México o Veracruz.
Aunque aún no existe un documento definitivo, se han adelantado los posibles “mínimos” que se contemplarían. Sin embargo, entre estas ideas no se incluyen medidas orientadas a fortalecer la participación política ciudadana ni a impulsar la educación cívica, elementos esenciales para consolidar una cultura política democrática sólida.
En el estudio de las diversas reformas electorales en México nos hemos percatado de que es indispensable y urgente, que autoridades políticas y electorales fomenten la participación activa y la educación cívica. Estos temas han sido relegados, como si lograr una cultura política democrática surgiera de manera automática. O bien, puede ser que haya quienes asuman que celebrar elecciones periódicas es igual a ciudadanía con cultura política democrática. Consideramos que omitir políticas sólidas e integrales que promuevan y moldeen una cultura política hacia una cultura política democrática ha contribuido a que crezca la preferencia ciudadana por sistemas autoritarios en detrimento de los democráticos. Dieter Nohlen sostiene que el primer elemento para que exista una cultura política democrática es la confianza de la ciudadanía hacia sus autoridades; la ciudadanía de México no confía en las autoridades independientemente del nivel o la materia.
En el marco de la consulta pública que se ha señalado se llevará a cabo, convendría considerar dos propuestas centrales: Foros deliberativos en comunidades y escuelas, para que la ciudadanía común se apropie de la reforma y pueda opinar informadamente. b) Comunicación clara y accesible, adaptada a la realidad actual, que use lenguaje sencillo y aproveche las redes sociales no solo para informar, sino para dialogar con la ciudadanía.
Presentar una nueva iniciativa de reforma electoral puede fortalecer la democracia electoral del país, sin lugar a dudas, el éxito de la reforma dependerá de la capacidad del Gobierno de tener apertura y de generar un involucramiento de la ciudadanía en general, y no sesgar solo con algunos sectores de la sociedad organizados. Avanzar sin una discusión amplia y transparente, y con un diálogo genuino, podría erosionar algunos puntos democráticos que ha alcanzado México en décadas recientes.
