Tijuana, Baja California, 30 de septiembre de 2026.- La dirigencia local del Partido Acción Nacional reiteró el reclamo para que la gobernadora de Baja California se separe de su responsabilidad ejecutiva. La postura partidista cobró fuerza luego de que dependencias del gobierno norteamericano incluyeron a su expareja en un listado de penalizaciones financieras por supuestos nexos con el crimen organizado en la frontera.
📌 En resumen:
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El PAN Tijuana mantiene la postura de pedir la dimisión de la mandataria estatal tras los señalamientos de Estados Unidos.
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La dirigencia blanquiazul critica que la justicia mexicana no iniciara las indagatorias antes que las agencias estadounidenses.
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El Ejecutivo estatal anunció la revisión de contratos con firmas bajo observación binacional, descartando la salida de la gobernadora.
Hassan Martín Franco Ruiz, secretario general del PAN en Tijuana, sostuvo que la gravedad de los señalamientos emitidos desde el extranjero obliga a una revisión profunda en el ámbito local. El dirigente cuestionó de forma directa la aparente inactividad de las corporaciones e instituciones de procuración de justicia en México ante hechos que involucran a personajes ligados al entorno político regional.
Omisión de instituciones nacionales genera señalamientos
El representante del partido opositor enfatizó la incomodidad institucional que representa el hecho de que instancias internacionales tomen la delantera en casos de presunta delincuencia organizada que impactan la zona metropolitana de Tijuana y el resto de la entidad. Para la dirigencia municipal, la falta de expedientes abiertos previamente en territorio nacional evidencia vacíos en el sistema de fiscalización y justicia local.
Por su parte, la administración estatal fijó postura confirmando que la mandataria no se encuentra sujeta a restricción ni señalamiento alguno por parte del organismo estadounidense. Paralelamente, la autoridad ejecutiva comunicó el inicio de una auditoría interna para detectar cualquier relación comercial previa con entes o establecimientos mercantiles citados en los informes del Departamento del Tesoro.
Mantenimiento del encargo estatal y revisión contractual
A pesar de la insistencia del grupo político opositor, la titular del Ejecutivo en Baja California ratificó que continuará al frente de las responsabilidades gubernamentales. La mandataria reiteró que las determinaciones emitidas en el país vecino responden a expedientes individuales en los cuales no tiene intervención legal ni señalamiento administrativo.
El seguimiento de este caso mantendrá la atención de la comunidad transfronteriza entre Tijuana y San Diego, debido a las implicaciones institucionales entre ambas naciones y el impacto en la certidumbre pública regional.
