Tijuana, Baja California, 22 de septiembre de 2026.- La propuesta para renovar la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEPA) enfrenta un obstáculo crítico: la Secretaría de Hacienda mantendrá el mismo presupuesto. Sin recursos adicionales, el nuevo marco legal arriesga convertirse en letra muerta, afectando directamente los cobros de agua, la verificación vehicular y los servicios básicos de los residentes de Tijuana.
Hacienda ahoga la reforma ambiental con presupuesto cero
La nueva iniciativa presidencial busca reemplazar la legislación vigente desde 1988 incorporando conceptos de impacto ambiental acumulativo y economía circular. Sin embargo, los especialistas advierten que la falta de partida presupuestal impide vigilar a las industrias o evaluar proyectos verticales que saturan el drenaje y la red eléctrica en las colonias locales.
José Carmelo Zavala Álvarez, fundador del Centro de Innovación y Gestión Ambiental México (CIGAMX), señaló las limitaciones presupuestales impuestas por el gobierno federal para la aplicación del nuevo marco legal.
“Hace mucho gusto que tengan una nueva ley y sean más ambiciosos, pero con los mismos recursos, ni un peso más, eso se vuelve letra muerta. La Secretaría de Hacienda amenaza con que sí hay nueva ley, pero el mismo presupuesto, lo que representa una limitación seria para la fiscalización”, advirtió.
Basura, autos y agua: el impacto diario en los hogares bajacalifornianos
El incumplimiento de las leyes actuales evidencia la falta de capacidad operativa en Baja California. Ningún municipio del estado separa la basura urbana en tres corrientes como ya exige la normativa. Asimismo, la región carece de un programa funcional de verificación vehicular ambiental, a pesar de estar respaldado por la norma oficial mexicana NOM-044 y el programa ProAire.
En materia hídrica, la crisis se agrava por el colapso de la red de distribución municipal. Tijuana soporta una población de más de dos millones de personas sobre un acuífero proyectado para apenas 150 mil habitantes, perdiendo hasta la tercera parte del agua del acueducto en fugas de tuberías no atendidas.
Al respecto, el especialista ambiental detalló la desigualdad en las tarifas del suministro que padecen las zonas vulnerables de la ciudad.
“Las personas que no tienen agua en la llave pagan a 50 o 60 pesos el barril de 200 litros; están pagando el metro cúbico a 300 o 400 pesos. Todos nosotros, que tenemos agua en la llave, la pagamos a 30 pesos; eso es injusticia ambiental”, enfatizó.
Riesgos para el T-MEC y la justicia ambiental en la frontera
La propuesta de la LGEPA contempla otorgar facultades de Procuraduría de Justicia Ambiental a la Profepa y validar el comercio de segunda mano —autos, llantas y enseres— como un mecanismo real de economía circular. No obstante, la disparidad entre las exigencias normativas y la realidad presupuestal coloca a México en riesgo de controversias comerciales internacionales.
El ambientalista concluyó que la inacción de las autoridades locales frente a sus propios reglamentos genera consecuencias económicas para el estado.
“No cumplir con nuestra propia legislación ambiental es motivo de controversia en el T-MEC. Si no cumplimos con las descargas de agua o la calidad del aire por falta de verificación vehicular, estamos fallando a un compromiso que requiere obligatoriamente el esfuerzo de todos”, puntualizó.
