Tijuana, Baja California, 9 de septiembre de 2026.- Un tribunal penal instruyó la restitución inmediata de un terreno de 50 hectáreas ubicado en la delegación San Antonio de los Buenos, tras detectar indicios de fraude procesal. La determinación judicial busca poner freno a las maniobras legales que despojan a familias y dueños legítimos de sus patrimonios en la zona fronteriza.
Dentro de la causa penal 04484/2026, la autoridad competente vinculó a proceso a los imputados Ángel Fernando y Javier Gómez. Asimismo, ordenó a la fiscalía estatal entregar la posesión del predio a sus auténticos propietarios, tras comprobarse alteraciones y trámites irregulares orientados a dilatar la entrega del bien.
Ordenan restitución de 50 hectáreas en San Antonio de los Buenos
El fallo emitido el pasado 31 de agosto expone un problema persistente en la región: la complejidad que afrontan los ciudadanos para recobrar sus bienes mediante la vía legal. Expertos en el sector inmobiliario precisaron que este tipo de querellas penales suelen combinarse con tramas en dependencias como Catastro, el Registro Público de la Propiedad y las secretarías de Desarrollo Urbano, lo que entorpece la ejecución de los mandatos de los jueces.
Trámites burocráticos y vacíos legales afectan a propietarios
Durante la revisión del expediente se recalcó que una orden de desalojo o entrega provisional suele perder efectividad cuando las instancias administrativas imponen trabas desmedidas. Abundó la representación legal que la falta de coordinación institucional provoca que los juicios se prolonguen durante años, dejando en estado de indefensión a las víctimas de despojos armados mediante juicios simulados.
Exigen garantías operativas para dar certeza patrimonial en la región
El caso se mantiene bajo minuciosa observación ciudadana para verificar si el Ministerio Público logra materializar el acceso físico al predio sin retrasos burocráticos. Enfatizaron especialistas que la certeza sobre la vivienda y la tierra en Baja California requiere no solo juzgadores firmes, sino también corporaciones operativas que ejecuten los dictámenes sin complicidades ni vacíos procedimentales.
