Por Benjamín M. Ramírez
Durante las primeras horas del día, entre 5 y 6 de la mañana —quizá incluso antes—, comienza el calvario para los cientos de pasajeros que dependen del servicio de transporte colectivo proporcionado por la empresa ALTISA.
No solo se trata de sus unidades vetustas, sino también del riesgo y el peligro que se corren en cada tramo del recorrido. Tampoco se trata únicamente de los conductores —no son todos, aclaro— que, con desdén y grosería de por medio, tratan al pasajero cautivo de un servicio que debe abordar porque, simplemente, no existe otra opción.
«— ¡Recórrase para atrás, que atrás hay lugares!
La unidad, casi convertida en chatarra, bailotea al ritmo de los baches, en cada tope y en cada alto. En muchas ocasiones he visto a unidades varadas a lo largo de su recorrido o, simplemente, quedarse sin frenos, una situación muy recurrente en el servicio que prestan.
Hace ya muchos años, una unidad colisionó en contra de otro vehículo mientras circulaba rumbo al fraccionamiento Los Valles (Ke-Casas), aledaño a Palma Real o Natura, con un resultado trágico. No me detengo a derivar culpa ni señalar responsabilidades. Las familias afectadas no se esperaban ese desenlace a medio recorrido.
En el monopolio del transporte también carga con la responsabilidad el titular del Instituto de Movilidad Sustentable (IMOS). Quizá sea el único culpable del pésimo servicio que impera en la ciudad y, en general, en todo el estado de Baja California. No se explica de otra manera que unidades con más de diez años de servicio —algunas, incluso, con varias décadas de antigüedad— sigan operando con toda tranquilidad bajo la mirada cómplice de la autoridad vial.
Y, desafortunadamente, Tijuana no merece un transporte deficiente y oneroso, quizá el más caro del país. Con ello, aún no alcanzo a dimensionar cómo ciudades como la Ciudad de México, CDMX, Campeche o Mérida, han logrado alcanzar un orden casi perfecto en sus sistemas de movilidad, con un transporte eficiente, ecológico y amigable con el usuario.
Ejemplo de lo anterior es el tren ligero de la ciudad de Campeche, cuyo recorrido de 15 kilómetros cuesta 18 pesos. Se trata de un sistema sin cables ni vías férreas que comunica los barrios tradicionales, las zonas escolares y, principalmente, el malecón.
Mérida, por su parte, también se suma a este reordenamiento vial con su sistema de transporte denominado Sistema Metropolitano Va-y-Ven. Los meridanos no se rompieron la cabeza buscando una denominación apantallante y apabullante, como el calor de la ciudad blanca. Se trata de sistema económico, ecológico y con capacidad para cubrir las necesidades más apremiantes de la movilidad en esta ciudad del sureste mexicano.
Ni qué decir de la Ciudad de México, CDMX, donde la jefa de Gobierno ya anunció la construcción de otra línea del cablebus que brindará servicio a las zonas altas de la alcaldía Tlalpan, principalmente a las que conectan con el Ajusco y Ciudad Universitaria, y que reducirá en un 50 por ciento el tiempo de traslado en esa zona de la ciudad.
El derecho a la movilidad sustentable, a un precio razonable y con un servicio de calidad no debe estar al arbitrio de la mafia del transporte, que tiene maniatadas a las autoridades y a los usuarios por igual.
No sólo es Santa Fe, en la ciudad de Tijuana; son todas las rutas en las que la empresa ALTISA brinda un pésimo servicio, con unidades que ya deberían estar fuera de circulación después de una década de uso. Lo confirman las condiciones físicas de cada vehículo: asientos en estado deplorable, camiones que circulan con un deficiente sistema de frenado y que, a cada rato, terminan varados sin concluir la ruta. Algunos de estos vehículos son auténticos ataúdes en movimiento.
Ni siquiera es necesario hablar del trato que algunos operadores de estas vetustas unidades dispensan al usuario cautivo. Quien depende del único sistema de transporte disponible en cada ruta concesionada a ALTISA debe soportar el lenguaje soez, la grosería y la majadería y la música bélica de ciertos conductores.
Fui testigo de una situación que rayó en lo impensable. Una menor de apenas 10 años, con uniforme escolar y mochila a la espalda, sacó sus escasas monedas para pagar el pasaje, esperando el tan ansiado descuento del cincuenta por ciento por ser estudiante. Sin embargo, el conductor le exigió a la menor la credencial de estudiante porque, de lo contrario tendría que pagar el costo integro del viaje.
Ante lo evidente —uniforme, mochila, edad escolar—, el operador pudo haber pasado por alto el hecho de que la niña no presentara su credencial. Ante esa situación, me acerqué y le dije al conductor que yo pagaría la diferencia. Incluso, le propuse adelantar el otro cincuenta por ciento correspondiente al resto de la semana para cubrir el pasaje de la niña, quien de manera habitual debía abordar, a esa misma hora, el servicio de transporte.
También es necesario decir que me consta que algunos operadores son renuentes a otorgar los descuentos que están obligados a brindar a las personas adultas mayores con la credencial del INSEN y a los estudiantes. Alegan, casi siempre, que no cuentan con los boletos necesarios para hacer efectivo dicho beneficio.
Recientemente, por disposición unilateral de la empresa, los estudiantes fueron obligados a tramitar una tarjeta en las oficinas de ALTISA para ser acreedores a los descuentos respectivos. De lo contrario, aun presentando su credencial de estudiante, tendrían que pagar el costo total del viaje.
A través de su representante, la empresa ha manifestado que ha perdido casi el 50 por ciento de su parque vehicular y que actualmente cuenta con cerca de 500 operadores, de los 900 con los que anteriormente contaba.
El problema del transporte es sistémico y nadie se atreve a ponerle el cascabel al gato. Todos rehúyen su responsabilidad, principalmente el titular del IMOS. Ahí están el exceso de velocidad; las unidades atiborradas de pasajeros, sobrepasando el cupo permitido; los pasajeros que viajan de pie cuando la norma indica que deben ir sentados; el costo excesivo del pasaje y la falta de refrigeración en los camiones frente a las altas temperaturas de la región.
Tijuana no merece estar a merced del capricho de unos empresarios voraces que exprimen al usuario cautivo, quien no tiene otra opción que abordar el pésimo servicio que presta la empresa ALTISA en sus rutas concesionadas. Una empresa que, además, se inconforma porque la autoridad encargada del transporte abre la posibilidad de incorporar un nuevo servicio para cubrir las demandas ciudadanas.
Es necesario —ojalá y existiera una autoridad capaz— brindar un servicio de calidad, eficiente y amigable con el medio ambiente. Quizá podamos estar a la altura de ciudades como Campeche o Mérida e, incluso emular el servicio de la Ciudad de México, aunque esto último sería aspirar a mucho ante la incapacidad de quienes actualmente nos gobiernan.
Es necesario también abrir nuevos derroteros y nuevas rutas en este caótico sistema de transporte que exprime al usuario. Se requieren alternativas que cubran las exigencias ciudadanas y conecten de manera eficiente hospitales, escuelas y centros comerciales.
Imagino un cablebus a las márgenes del río Tijuana. Al menos sería una chispa en esta necesidad urgente de transformación del transporte. No creo que sea pedir demasiado
Tijuana no solo lo merece: lo exige.
