Por Alberto Gómez
Tijuana, Baja California, 21 de julio de 2026.- El sector empresarial de Tijuana hizo un llamado urgente al Tribunal de Justicia Electoral de Baja California y a los institutos electorales para detener la movilización de estructuras partidistas fuera del marco legal. Elisa Ibáñez Aldana, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Tijuana, dijo que la promoción política fuera de los plazos constitucionales erosiona el principio de equidad que debe imperar en la entidad.
“Esta equidad exige transparencia sobre el origen y destino de los recursos que financian esas campañas políticas (…). No es aceptable para nosotros como Coparmex que se adelanten las campañas, ni que se posicionen aspirantes”, sostuvieron representantes del organismo.
Aviso formal ante autoridades de la entidad
La dirigente patronal confirmó la entrega de escritos de inconformidad dirigidos al Instituto Nacional Electoral, al Instituto Estatal Electoral de Baja California y al tribunal especializado en la materia. Las gestiones buscan prevenir que la normalización de actos proselitistas fuera de tiempo afecte el desarrollo de las elecciones programadas para julio de 2027.
Entre las solicitudes planteadas por la cúpula empresarial destaca la fijación de reglas claras para detectar actos de promoción bajo cualquier denominación, evitando que funcionarios públicos utilicen sus cargos para posicionarse de manera anticipada.
“Establecer criterios claros y uniformes para identificar esos actos anticipados de campaña sin importar su denominación (…) garantizar condiciones equitativas para todos los partidos y aspirantes, es decir, parejos para todos”, puntualizó Ibáñez.
Certeza jurídica previa al proceso democrático
El organismo empresarial concluyó que la legitimidad de un proceso democrático depende del cumplimiento estricto de la ley desde la fase previa a las campañas, por lo que mantendrán el seguimiento a la actuación de los órganos fiscalizadores en la entidad.
“El llamado que estamos haciendo no nada más es a la autoridad electoral sino también a los actores políticos para que privilegien la legalidad, la equidad y la transparencia”, concluyeron.
