Tijuana, Baja California, 16 de junio de 2026.- La Fiscalía General del Estado mantiene abierta una investigación tras la privación de la libertad de dos inspectores del Instituto de Movilidad Sustentable (IMOS) en San Quintín, quienes fueron interceptados por un comando de 15 personas armadas y posteriormente localizados con vida tras un despliegue de corporaciones federales y estatales.
Contexto del anuncio
La fiscal general de Baja California, María Elena Andrade Ramírez, ofreció detalles sobre los hechos ocurridos el pasado 10 de junio. Explicó que las víctimas, de 45 y 35 años de edad, salían de un operativo contra el transporte irregular, conocido localmente como “raiteros”, cuando varias camionetas tipo pick-up les cerraron el paso para someterlos de manera violenta.
Qué informaron las autoridades
De acuerdo con el reporte oficial de la fiscalía, los agresores obligaron a bajar del vehículo a todo el personal del IMOS. El comando armado se llevó por la fuerza a dos de los empleados, entre ellos al hijo de la diputada federal Rocío López Gorosave, mientras que el resto de los trabajadores que presenciaron el incidente permaneció en el sitio y aportó los primeros datos clave a las autoridades.
Tras el reporte del director del IMOS, se inició una búsqueda en una zona caracterizada por la falta de videovigilancia y áreas despobladas, lo que requirió sobrevuelos en helicóptero, recorridos casa por casa y la ejecución de órdenes de cateo en puntos estratégicos de la región de San Quintín.
Evidencias y localización de las víctimas
Ambos servidores públicos fueron encontrados con vida mientras caminaban en las inmediaciones de la delegación de San Vicente. En sus declaraciones iniciales ante el Ministerio Público, los afectados testificaron que los mantuvieron cautivos con los ojos vendados y las manos atadas, hasta que sus captores los subieron a una unidad y los abandonaron en una zona solitaria de la carretera.
Durante los operativos de búsqueda y los cateos correspondientes en inmuebles de la periferia, las autoridades ministeriales lograron el aseguramiento de armas de fuego, cartuchos útiles, cargadores y equipo táctico diverso, aunque la fiscal confirmó que hasta este momento no se registran personas detenidas por estos hechos.
Impacto para la ciudadanía
Al ser cuestionada por la opinión pública sobre la celeridad en la resolución del caso en comparación con otros incidentes de desaparición en la entidad, la funcionaria rechazó señalamientos de privilegios institucionales.
“No hay favoritismo”, aseguró la fiscal, argumentando que la velocidad de la respuesta se debió a que el delito ocurrió en flagrancia durante un operativo gubernamental y ante múltiples testigos directos, lo que permitió trazar rutas de escape inmediatas. Se prevé que el seguimiento del caso implique mayor presencia policiaca en los operativos de transporte en la zona sur del estado para garantizar la seguridad de los trabajadores y la población.
