Buscan tope general a pensiones de servidores públicos
Tijuana, 12 de marzo de 2026.- El senador por Baja California, Max García, advirtió que la reciente reforma aprobada en el Senado para reducir pensiones excesivas tiene un alcance parcial que limita su impacto real. Aunque se avaló limitar jubilaciones abusivas en ciertos organismos federales descentralizados, la medida dejó fuera a los gobiernos estatales y municipales, así como a diversas áreas del aparato público federal.
Exclusión de estados y municipios
Durante la discusión en comisiones, el legislador del Partido Acción Nacional (PAN) señaló que, pese a la existencia de pensiones multimillonarias en administraciones locales, estas no fueron contempladas en el acuerdo final. García explicó que su bancada presentó una reserva para que la regulación fuera general, abarcando todos los niveles de gobierno donde persisten privilegios económicos que profundizan la desigualdad social.
Dependencias descentralizadas bajo la lupa
La reforma actual se concentra exclusivamente en organismos descentralizados como la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Pemex y Banobras. “Vimos con tristeza que solamente se dio la aprobación para las dependencias descentralizadas”, sostuvo el senador, destacando que el resto del gobierno federal y las estructuras estatales permanecen sin una regulación que acote los montos que perciben exservidores públicos.
Unidades de medida en disputa
Uno de los puntos críticos señalados por el senador bajacaliforniano es el uso del salario presidencial como referente para los topes. Max García propuso utilizar la Unidad de Medida y Actualización (UMA) para evitar que las jubilaciones dependan de decisiones políticas sobre el sueldo del Ejecutivo. “Lo más básico sería establecer una unidad de medida que ya está establecida que son las UMAS”, puntualizó.
Impacto futuro y justicia social
El senador García adelantó que continuará impulsando ajustes legales para que la austeridad en las pensiones sea obligatoria en todo el país. El objetivo, señaló, es reducir la brecha entre quienes reciben montos superiores a los 150 mil pesos mensuales y los trabajadores que, tras décadas de labor, apenas alcanzan retiros de 7 mil pesos, buscando así un sistema de retiro más equitativo.
