Ciudad de México, 16 de enero de 2023.- Con el objetivo de otorgar beneficios fiscales a quienes contraten a personas con discapacidad, la diputada María Macarena Chávez Flores, del PRD, propuso una iniciativa que reforma la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad.
En la reforma se establece como obligación del Ejecutivo conceder estímulos fiscales a personas físicas o morales, en forma de beneficios palpables en Impuesto Sobre la Renta e Impuesto Especial sobre Producción y Servicios a quienes contraten personas con discapacidad, la cual se valorará para los efectos de esta ley en el porcentaje de la integración en la plantilla contratada y que además adecuen su infraestructura, siempre con respeto al principio de equidad de género.
Además, define en la ley el concepto de Equidad, como la cualidad que consiste en dar a cada uno lo que se merece en función de sus méritos o condiciones.
En México las personas con algún tipo de discapacidad sufren las condiciones de mayor desprotección, por la desigualdad social y otros factores como la carencia de oportunidades, el sistema ineficiente de salud pública y del sistema educativo, además de la ausencia de programas sociales medibles y monitoreables.
El mercado de trabajo para personas con discapacidad presenta una serie de características, ya que para las empresas la contratación de este personal ha sido un tema recurrente, porque los patrones prefieren omitir la contratación de personas con discapacidad, lo anterior por causa de los costos que representa adecuar instalaciones y áreas de trabajo especiales.
La iniciativa considera que se debe entender a la discapacidad como un proceso dinámico el cual fluctúa en su extensión y severidad a lo largo de la vida, condición que limita en mayor o menor grado la capacidad para trabajar y vivir de forma independiente.
Puntualiza que las personas con discapacidad tienen menos acceso a los servicios de asistencia sanitaria, por lo que en muchas ocasiones sus necesidades asistenciales quedan desatendidas, sumado a que cuando las personas con discapacidad acceden a la atención de salud, a menudo son objeto de estigmatización y discriminación y reciben servicios de calidad deficiente.
En tanto, la discriminación hacia esta población se ha dado por falta de conocimiento de la sociedad sobre esta condición, lo que ha impedido que puedan gozar de sus derechos (salud, trabajo, educación, vivienda, transporte y comunicaciones accesibles, justicia, cultura, turismo) y tener una vida plena.
