Tijuana, Baja California, 2 de junio de 2026.- La validez de las estadísticas delictivas en el estado será sometida a escrutinio ante la discrepancia entre el discurso gubernamental y el miedo de la población. El Consejo Ciudadano de Seguridad Pública de Baja California revisará los números únicos de caso para corroborar el estatus real de la criminalidad.
El indicador de la percepción
A pesar de las constantes conferencias de prensa donde se presumen avances, los ciudadanos evitan transitar por ciertas zonas de la ciudad debido al temor de ser víctimas de un delito. La discrepancia entre las cifras y la realidad de los hogares bajacalifornianos motivó este procedimiento de vigilancia social.
Dudas sobre el Sistema Nacional
Las fiscalías estatales alimentan los reportes de incidencia federal, pero la falta de actualización o el desfase temporal impiden que las estrategias de prevención comunitaria sean eficientes. El estudio se enfocará en evaluar si las denuncias ciudadanas son clasificadas correctamente desde el primer contacto.
“Lo que sí no empata es la percepción de la ciudadanía. Al final la percepción, si la ciudadanía se siente insegura, es porque hay inseguridad”, manifestó Edgardo Flores Campbell.
Además, señaló la importancia de las nuevas políticas que implementa la federación: “Se le agrega una cuarta (estrategia) donde se erige a Omar García Harfuch como coordinador de la estrategia nacional de inteligencia y eso es sumamente importante”.
Impacto para la ciudadanía
Para las familias locales, una auditoría de este tipo garantiza que las denuncias de robos, asaltos y desapariciones no terminen archivadas como incidencias menores. Al exponer las fallas del sistema de justicia, se presiona a la autoridad a resolver los casos en lugar de ignorar la problemática.
Próximos pasos
El organismo civil presentará un informe detallado con las inconsistencias encontradas en los registros públicos. Se invitará a las organizaciones vecinales a sumarse al monitoreo de la respuesta policial en las colonias periféricas de los municipios para evaluar el desempeño real de las corporaciones corporativas.
