Diputada de BC busca frenar despojos por créditos fiscales mínimos
Mexicali, Baja California, 20 de abril de 2026.- La protección del patrimonio familiar frente a posibles abusos administrativos se convirtió en el eje central de la reciente sesión en el Congreso de Baja California. La diputada Michelle Tejeda urgió a las autoridades del SAT a revisar sus actuaciones tras denunciarse el remate de una propiedad en Mexicali por un crédito fiscal de aproximadamente 30 mil pesos, lo que ha encendido las alarmas sobre la vulnerabilidad de los propietarios ante deudas menores.
Reformas al Código Penal en el radar
La intervención legislativa recordó que en Baja California ya se han implementado reformas diseñadas para agilizar la restitución de viviendas y castigar el despojo. Según Tejeda, estas herramientas legales son fundamentales cuando los delitos involucran a servidores públicos. El caso del remate por 30 mil pesos sugiere una posible desproporción que debe ser investigada bajo la lupa de estas nuevas normativas, garantizando que el ejercicio del poder fiscal no se desvíe hacia perjuicios irreparables para la ciudadanía.
Un llamado directo a la cabeza del SAT
El exhorto no fue generalizado, sino que señaló directamente a los responsables de la recaudación: Antonio Martínez Dagnino y Jesús García Castro. La petición parlamentaria solicita una “investigación amplia” para determinar si el proceso de embargo y remate cumplió con los estándares éticos y legales requeridos. Se busca evitar que situaciones donde propiedades de alto valor se rematan por cantidades ínfimas se conviertan en una práctica recurrente en el estado.
Derechos de personas en situación vulnerable
Uno de los puntos clave del discurso fue la protección de los más vulnerables. Las reformas mencionadas por la legisladora incluyen agravantes cuando los afectados son personas en situación de riesgo. La diputada enfatizó que este llamado busca dar certeza a la ciudadanía y fortalecer la confianza en las instituciones. “Este es un llamado a que se dé certeza a la ciudadanía y a que se fortalezca la confianza en las autoridades y en las instituciones”, declaró ante el pleno.
Seguimiento y transparencia ciudadana
El caso ha puesto sobre la mesa la necesidad de que los procesos de ejecución fiscal sean públicos y transparentes. El impacto futuro de esta iniciativa legislativa podría derivar en nuevas auditorías a las oficinas de cobro en municipios como Mexicali y Tijuana para prevenir que el patrimonio de las familias sea rematado a precios irrisorios.
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