Antonio Heras
Mexicali
Una trabajadora de la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios de Baja California denunció abuso sexual de su superior inmediato en la Secretaría de Salud.
La víctima solicitó a su agresor ser reubicada a otra área de trabajo pero le negaron su petición por lo que recurrió a una jefa de mayor jerarquía que confirmó la negativa a pesar del ilícito. En represalia, el agresor sexual levantó un acta laboral en su contra por supuestamente acusarla de eliminar documentos oficiales que implicó una sanción administrativa al suspenderla sin goce de sueldo.
Es impotergable erradicar el acoso y la violencia laboral en las oficinas del Gobierno de Baja California, además de revisar los programas de capacitación y prevención a través de la Secretaría estatal de la Mujer, advirtió la diputada Yohana Gilvaja al tiempo de denunciar que abogadas señalan de acoso sexual a su jefe, el coordinador de Defensoría Pública de la Consejería Jurídica en Tijuana y Playas de Rosarito.
En la Secretaría de Educación del Estado se registró un ascenso al director de Administración a una Subsecretaría a pesar de tener varias acusaciones en su contra por acoso.
Una empleada de la oficina de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda reportó un despido injustificado, mientras que en la Secretaría de Turismo una trabajadora denunció violencia patrimonial en su centro de trabajo en la delegación Mexicali y en la Fiscalía una empleada de la Fiscalía General del Estado fue víctima de agresiones físicas y amenazas de muerte, sin que se registren avances en la carpeta de investigación.
La legisladora del PT pidió reforzar medidas de protección para trabajadoras del Estado y municipios ante casos graves de violencia institucional y exigió erradicar el patriarcado en oficinas gubernamentales.
El patriarcado con sus antivalores, aseguró la petista, se encuentra tan extendido y arraigado que la violencia contra las mujeres se reproduce y multiplica en la instancia donde debiera ser repelida con mayor fuerza: las dependencias y organismos del Gobierno de Baja California.
Por unanimidad, el Congreso local acordó pedir al secretario General de Gobierno, Alfredo Álvarez, reforzar las medidas gubernamentales con la participación de la Secretaría de las Mujeres y que los siete ayuntamientos de la entidad implementen medidas de protección en favor de las trabajadoras municipales.
“A través de testimonios compartidos por reporteras, defensoras de derechos humanos y líderes de opinión, se han documentado diversos casos de violencia institucional que afectan directamente a mujeres trabajadoras”, subrayó Gilvaja.
La congresista enfatizó que la capacitación es el medio idóneo para transformar las relaciones laborales, ya que si se realiza adecuadamente permite desarrollar actitudes que favorecen el derecho a una vida en paz y deja atrás la cultura del machismo, la discriminación y las agresiones para consolidar un entorno libre de violencia.
Gilvaja anunció que presentará34.2 una iniciativa de reforma a la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Ciudadana para fortalecer la capacitación con perspectiva de género en las instituciones públicas, mediante diagnósticos participativos, cursos y protocolos de actuación, con el fin de garantizar la protección de los derechos de las mujeres y asegurar transparencia en su aplicación.
