Juicio político a funcionarios que incumplieron con víctimas en BC

Rodríguez Lozano, anunció que se presentará ante el Congreso del Estado, solicitud de juicio político contra funcionarios de la pasada administración estatal.

Mexicali. –  El Secretario General de Gobierno del Estado, Dr. Amador Rodríguez Lozano, anunció que se presentará ante el Congreso del Estado, solicitud de juicio político contra funcionarios de la pasada administración estatal en el área de la extinta Procuraduría de Justicia, por incumplir con un ordenamiento constitucional relacionado con la protección y atención a víctimas en Baja California.

 

En reunión de trabajo con los funcionarios del área, Rodríguez Lozano se mostró sorprendido de la inexistencia formal del Centro de Atención Integral de la CEAV en Baja California, que, por instrucción del Gobierno Federal, desde junio de 2018, debería atender a personas en situación de víctima en el Estado y la realidad, es que no existe y lo peor, que están incumpliendo con las víctimas

 

Dijo haber girado instrucciones para que, de manera oficial se notifique y pregunte, tanto a la Oficialía Mayor como a la Secretaría de Finanzas, por qué todo lo relacionado a la atención de víctimas, debió haberse pasado a la Secretaría General de Gobierno para crear la Comisión Ejecutiva con todos los recursos materiales y financieros para trabajar en este tema tan sensible para la sociedad bajacaliforniana.

 

Participaron en la reunión de trabajo, el licenciado Fernando Ocegueda Director Operativo de esta Comisión, que nunca terminó de integrarse y el Lic. León quien opera este programa de atención a víctimas y durante la misma surgió el tema relativo a que, en las postrimerías de la anterior gestión estatal, reaparece el tema del Centro de Atención Integral de la CEAV, pero que al frente del organismo aparece la hija de la Procuradora Perla Ibarra, quien por cierto siempre se supo de su poder y su cercanía con el ex gobernador Francisco Vega de Lamadrid, lo cual constituye un abuso legal, constitucional y político.

Amador hizo hincapié en que el mandato constitucional y de la ley, fue que todos los recursos de la Dirección General de Atención a víctimas de la extinta procuraduría, pasaran a la Secretaría General de Gobierno para crear la Comisión Estatal de Atención a víctimas.

Expresó el Dr. Amador Rodríguez que, al igual que casos que se han estado encontrando en la recepción del gobierno anterior, se actuará con todo el peso de la Ley, independientemente de la importancia o supuesto poderío político que pudiera tener quien resulte responsable de estas omisiones que, en este caso, están perjudicando a víctimas, incumpliendo con un ordenamiento constitucional.

 

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