CEDHBC respalda depuración policial en Baja California
Baja California, 04 de marzo de 2026.- Jorge Álvaro Ochoa Orduño, titular de la CEDHBC, reconoció los recientes operativos de seguridad y depuración de cuerpos policiales en Baja California como un paso positivo hacia la paz social. En el marco de estos avances, el ombudsperson destacó la importancia de que las instituciones de justicia actúen con firmeza cuando se detectan irregularidades dentro de sus propias filas, reforzando la confianza ciudadana en el estado.
Reconocimiento a las acciones de la Fiscalía
Ochoa Orduño resaltó la labor de la Fiscal General de Baja California, María Elena Andrade, tras las investigaciones que derivaron en acciones penales contra policías municipales. Para el titular de la CEDHBC, estas medidas demuestran que las instituciones están actuando de manera correcta para depurar a quienes se apartan de la legalidad.
“Felicitar a la Fiscal General de Justicia de Baja California… recientemente hizo unas investigaciones contra policías municipales y resultó que les encontraron evidencia para proceder en contra de ellos”, expresó.
La “Ley Tequila” y la vigilancia nacional
El presidente del organismo también se refirió a la estrategia nacional de seguridad, mencionando los operativos realizados en municipios como Tequila, Jalisco, y Morelos, donde se han detenido a funcionarios municipales por diversas faltas. Instó a que estas acciones se repliquen en todo el país para garantizar que ningún servidor público esté por encima de la ley.
Propuesta de mayores consecuencias legales
Pese a reconocer los avances locales, Ochoa Orduño subrayó que aún existe un clamor social por el acceso a la justicia. Por ello, mantiene su postura de que las recomendaciones de derechos humanos deben evolucionar para generar un impacto real en el patrimonio y la carrera de los infractores.
“Entonces las recomendaciones no se deben quedar guardadas, estamos avanzando”, puntualizó el titular.
Cierre proyectivo: La consolidación de operativos de depuración, sumada a la posible implementación de sanciones económicas para servidores públicos, perfila un escenario donde la rendición de cuentas se convierta en la norma y no en la excepción dentro de las corporaciones de seguridad.
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