Tijuana, B.C., 13 de enero de 2026.-. La obligatoriedad de vincular la CURP y datos biométricos a las líneas de telefonía móvil ha generado un intenso debate jurídico en México.
Especialistas, como el Dr. Leonardo Abarca Jiménez, Socio Director de Grupo UNO Abogados, advierten que esta medida revive el esquema del RENAUT, previamente declarado inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Abarca Jiménez señala que condicionar un servicio esencial a la entrega de datos sensibles como huellas o reconocimiento facial constituye una forma de coerción estatal.
“Cuando el acceso a la telefonía se condiciona a entregar biometría, estamos frente a una forma de vigilancia preventiva incompatible con una democracia”, subrayó. La medida, justificada oficialmente por razones de seguridad, es vista por expertos como una amenaza a la privacidad, dado que no existe evidencia de que estos padrones masivos reduzcan la criminalidad, pero sí de que exponen a la población a filtraciones de datos irreversibles.
